CORPUS: LA FELICIDAD EMBALSADA

Existe muy poca documentación pública donde los defensores del proyecto Corpus expongan de manera sistemática los fundamentos con los que intentan justificar la construcción de la represa. Durante décadas, el debate estuvo dominado por consignas generales sobre desarrollo, progreso, empleo, energía y modernización, pero rara vez esas afirmaciones fueron organizadas en un documento que permitiera analizarlas con detenimiento. Precisamente por eso el trabajo "Ingeniería, ambiente y energía | Corpus-Pindo-í, una infraestructura estratégica para el desarrollo de Misiones en el siglo XXI" merece ser leído. No porque sus conclusiones sean necesariamente correctas, sino porque expone con claridad la arquitectura argumental sobre la cual sus autores sostienen que Corpus constituye una necesidad estratégica para Misiones. Es, probablemente, una de las expresiones públicas más completas del pensamiento desarrollista aplicado a la cuestión energética provincial y, justamente por eso, ofrece una oportunidad excepcional para comprender no solamente qué proponen sus autores, sino cómo razonan y desde qué supuestos interpretan el futuro.

Ese valor documental vuelve todavía más importante su análisis. Cuando una obra de semejante magnitud vuelve a instalarse en la agenda pública, la sociedad no necesita solamente conocer sus posibles beneficios; necesita comprender las premisas sobre las cuales esos beneficios son presentados como inevitables. Porque una cosa es defender políticamente una represa y otra muy distinta es presentar esa defensa como si fuera la consecuencia obligada de la evidencia técnica. Allí aparece el primer problema del documento. La ingeniería puede calcular el caudal de un río, determinar la altura óptima de un muro de contención, estimar la potencia instalada de una central hidroeléctrica o proyectar el comportamiento estructural de una presa. Todo eso pertenece legítimamente al terreno de la técnica. Pero ninguna disciplina de la ingeniería puede demostrar que una determinada infraestructura producirá por sí misma desarrollo económico, bienestar social o prosperidad para una comunidad. En el momento en que se afirma que una obra traerá crecimiento, empleo, calidad de vida o felicidad, dejamos de hablar de ingeniería para ingresar en el terreno de la economía, la sociología, la historia y la política. Presentar ese salto como "evidencia técnica" constituye una confusión que atraviesa buena parte del documento y que, lejos de fortalecer la autoridad de la ingeniería, termina utilizándola como respaldo para afirmaciones que pertenecen a otro orden del conocimiento.

Uno de los conceptos centrales sobre los que descansa el razonamiento del informe es la llamada "demanda reprimida". Sus autores sostienen que existe evidencia técnica de que, cuando aumentó la disponibilidad eléctrica, también aumentó el consumo y, a partir de esa observación, concluyen que ampliar la oferta permitirá desencadenar un nuevo ciclo de desarrollo económico para Misiones. Sin embargo, esa conclusión no se desprende necesariamente de la premisa. Observar que una economía dinámica consume más energía no demuestra que aumentar la disponibilidad de energía produzca, por sí mismo, una economía dinámica. Se trata de una diferencia elemental entre correlación y causalidad. Una sociedad industrial demanda grandes cantidades de energía porque posee un entramado productivo complejo; de allí no puede inferirse automáticamente que construir nueva infraestructura energética hará aparecer ese entramado. Ese es el salto lógico sobre el que descansa buena parte del argumento y, paradójicamente, es presentado como si fuera una consecuencia inevitable de la evidencia técnica.

La demanda eléctrica no surge simplemente porque exista una oferta disponible. Depende de inversiones, mercados, infraestructura logística, acceso al crédito, estabilidad económica, conocimiento tecnológico, organización empresarial, capacidad productiva y decisiones políticas. La energía constituye una condición necesaria para el funcionamiento de una economía moderna, pero nunca una condición suficiente para producirla. Confundir ambas cosas equivale a invertir la relación entre causa y consecuencia. La lógica propuesta por el documento se parece a afirmar que una ciudad tendrá automáticamente más actividad económica porque construimos una autopista. La autopista puede reducir costos, mejorar la circulación y facilitar intercambios, pero el asfalto no crea empresas, no genera innovación y no produce riqueza por sí mismo. La infraestructura potencia procesos económicos existentes o cuidadosamente construidos; no los reemplaza. Con la electricidad ocurre exactamente lo mismo. Una sociedad compleja necesita energía, pero la energía, por sí sola, no crea complejidad social. Un enchufe no crea una industria, una línea de transmisión no crea conocimiento y una represa no crea automáticamente una comunidad próspera. La electricidad puede ampliar las capacidades de una sociedad organizada, pero no reemplaza la educación, la planificación, la investigación científica, el crédito, las instituciones ni las decisiones políticas que orientan el desarrollo de un territorio.

Toda la discusión parece reducir el problema energético a la disponibilidad de electricidad, cuando la economía real funciona de otra manera. La electricidad representa apenas una parte del consumo energético argentino. El transporte, la maquinaria agrícola, la logística, buena parte de los procesos industriales y gran parte de la producción de bienes continúan dependiendo principalmente de combustibles líquidos y gas natural. Este punto no es menor para una provincia como Misiones. La producción forestal, la yerba mate, el té, la industria maderera, el transporte de cargas y buena parte de la actividad económica provincial dependen tanto de la disponibilidad de combustibles como de electricidad. Pensar el futuro productivo exclusivamente desde la generación hidroeléctrica significa analizar solamente una parte del sistema energético mientras se deja fuera el resto de la ecuación. El documento parece sugerir que la electricidad constituye la variable decisiva sobre la cual gravita todo el desarrollo económico, cuando en realidad forma parte de un sistema energético mucho más amplio, cuyas limitaciones no desaparecen por el simple hecho de incorporar nuevos megavatios a la red.

Existe además una inversión histórica que el documento parece naturalizar. No fue la electricidad abundante y barata la que creó la industria moderna. Ocurrió exactamente lo contrario. Fue el desarrollo industrial, impulsado durante décadas por enormes cantidades de energía fósil barata y abundante, el que comenzó a demandar cantidades crecientes de electricidad. La infraestructura energética respondió al crecimiento de la complejidad económica; no la produjo por sí misma. Todavía hoy puede observarse ese fenómeno. Muchas grandes industrias desarrollan sistemas propios de generación eléctrica para garantizar su funcionamiento e incluso vender excedentes a la red. La existencia de generación disponible nunca fue suficiente para explicar el nacimiento de una estructura industrial. La historia económica demuestra que la relación funciona principalmente en sentido inverso. Por eso la verdadera pregunta es: qué tipo de energía se necesita, para sostener qué actividades, quién decidirá el destino de esa energía, quién capturará el valor económico generado por esa infraestructura y qué modelo de desarrollo quedará fortalecido. Porque producir energía y producir desarrollo no son sinónimos.

El documento intenta reducir esa distancia presentando una relación casi automática entre mayor disponibilidad eléctrica y mejores condiciones de vida. Incluso afirma que "negar Corpus es aceptar que Misiones no debe aspirar a estándares de vida superiores por falta de soporte energético". Allí el razonamiento abandona definitivamente el terreno técnico y construye un dilema moral. El mensaje implícito es sencillo: Corpus o atraso. Pero esa no es una conclusión técnica. Es una hipótesis sobre el desarrollo. Y precisamente las hipótesis son aquello que una sociedad democrática tiene la obligación de discutir antes de transformar para siempre uno de sus grandes ríos. Lo verdaderamente preocupante no es que el documento defienda una determinada obra de infraestructura; lo preocupante es que presente una determinada filosofía del desarrollo como si fuera una deducción inevitable de la ingeniería. Allí deja de describir una realidad para comenzar a prescribir un futuro, y esa diferencia es demasiado importante como para pasar inadvertida.

El problema más profundo del documento aparece cuando observamos desde qué idea de futuro está razonando. Toda su arquitectura conceptual supone que el siglo XXI será, en esencia, una prolongación del siglo XX: más producción, más consumo, más infraestructura, más extracción de recursos y, por lo tanto, una demanda creciente de electricidad que deberá ser satisfecha mediante grandes obras. Esa premisa atraviesa silenciosamente todo el texto. Nunca es discutida porque constituye el punto de partida de todo el razonamiento. Sin embargo, precisamente esa continuidad es hoy uno de los principales objetos de estudio de las ciencias que analizan la energía, la economía ecológica y los límites biofísicos de las sociedades industriales. Durante más de un siglo, el crecimiento económico mundial fue posible gracias al acceso a fuentes energéticas de enorme densidad, especialmente petróleo y gas convencionales. No solamente eran abundantes; entregaban enormes cantidades de energía neta a la sociedad. Ese excedente energético permitió sostener un nivel creciente de complejidad económica, tecnológica, institucional y territorial. Pero una civilización no funciona con energía bruta. Funciona con energía neta, es decir, con aquella energía que permanece disponible después de descontar toda la energía necesaria para encontrar, extraer, transportar, transformar y distribuir los propios recursos energéticos. Ese concepto, conocido como Tasa de Retorno Energético (TRE), modifica completamente la discusión. Ya no alcanza con producir más energía; es necesario preguntarse cuánta energía útil queda realmente disponible para sostener el funcionamiento de una sociedad compleja.

A medida que disminuye la calidad de los recursos disponibles, aumenta el esfuerzo necesario para obtenerlos. Más perforaciones, más infraestructura, más materiales, más transporte, más capital y más tecnología son necesarios para mantener un sistema que durante décadas funcionó sobre recursos mucho más accesibles. Al mismo tiempo, la transición hacia nuevas fuentes energéticas exige enormes cantidades de cobre, litio, níquel, acero, cemento y otros materiales estratégicos cuya extracción también enfrenta límites físicos, energéticos y ambientales. Ese escenario configura un diagnóstico profundamente distinto al que dio origen al desarrollismo clásico. De esa realidad física surge el decrecimiento como objeto de estudio de una amplia comunidad científica internacional. Surge del reconocimiento de que una economía no puede expandir indefinidamente sus flujos de energía y materiales dentro de un planeta finito y de que la complejidad de una civilización depende, en última instancia, de la energía neta que logra sostener. Cuando esa energía excedente disminuye y los costos materiales aumentan, comienza un proceso de descomplejización que no depende de la voluntad política de los gobiernos ni de las preferencias ideológicas de las sociedades, sino de las condiciones biofísicas que hacen posible el funcionamiento del sistema económico. Por eso el gran debate energético del siglo XXI ya no consiste simplemente en producir más energía, sino en comprender qué tipo de organización social puede sostenerse con la energía neta realmente disponible.

Esa discusión está prácticamente ausente del documento sobre Corpus. Todo su razonamiento continúa apoyándose en la idea de que el desafío consiste simplemente en ampliar la oferta eléctrica para acompañar una nueva etapa de crecimiento económico. En otras palabras, responde una pregunta sin revisar antes si esa pregunta continúa siendo válida. Existe además otro supuesto que merece ser examinado. Frente al declive del petróleo convencional, suele sostenerse que la solución consiste en electrificar progresivamente toda la economía mediante fuentes renovables. Sin duda la electrificación desempeñará un papel importante en numerosos sectores, pero de allí no se desprende que pueda reproducirse, sin modificaciones sustanciales, el mismo modelo de crecimiento material que caracterizó a la era fósil. Electrificar no significa abolir los límites físicos. Los motores eléctricos pueden sustituir con gran eficiencia determinados usos del petróleo, pero la economía industrial no está compuesta únicamente por automóviles particulares. El transporte pesado, la maquinaria agrícola, buena parte de la minería, la navegación, la aviación y numerosos procesos industriales continúan enfrentando restricciones asociadas a la densidad energética, al almacenamiento, al peso de las baterías y a la disponibilidad de los materiales necesarios para fabricarlas. La cuestión, entonces, no consiste simplemente en producir más electricidad, sino en decidir qué actividades serán prioritarias dentro de un escenario donde tanto la energía como los materiales comienzan a dejar de ser abundantes.

Es precisamente en ese contexto donde adquiere especial relevancia un intercambio público posterior a la publicación del documento. Ricardo Charon, ingeniero y coautor de "Ingeniería, ambiente y energía | Corpus-Pindo-í, una infraestructura estratégica para el desarrollo de Misiones en el siglo XXI", respondió en Facebook a una publicación crítica sobre Corpus con palabras que ayudan a comprender cómo interpreta él mismo el sentido estratégico de la obra. Conviene aclarar que las afirmaciones que siguen pertenecen a ese intercambio y no al texto original del documento. Charon escribió: "Mirando a 5 o 7 años solamente para la minería de Cu y Li necesita generar más de 6.000 MW, sin hablar de los proyectos de data centers para la IA." Más adelante agregó: "Si la electricidad proviene de fuentes limpias como la hidráulica, el inversor obtiene diferencias de tasa tales por descarbonizar la explotación, que le conviene financiar Corpus, ser su dueño." Estas expresiones introducen una dimensión que el documento apenas deja entrever y que resulta central para comprender el verdadero alcance del debate. La discusión deja de ser simplemente cuánta electricidad necesita Misiones para convertirse en una pregunta mucho más profunda: ¿quién necesita esa electricidad y para qué modelo económico está siendo planificada esa infraestructura? Porque una cosa es fortalecer la autonomía energética de un territorio para diversificar su economía, agregar valor local y mejorar la calidad de vida de su población; otra muy distinta es convertir ese territorio en proveedor de energía para actividades definidas por cadenas globales de extracción de minerales estratégicos y procesamiento masivo de datos. El propio Charon identifica como grandes consumidores futuros a la minería del cobre, el litio y los centros de datos vinculados con la inteligencia artificial, es decir, sectores profundamente integrados a la nueva geopolítica internacional de los recursos estratégicos. En ese contexto, la expresión "soberanía energética" adquiere un significado mucho más complejo del que propone el documento. La soberanía no consiste simplemente en producir más electricidad. Consiste en conservar la capacidad de decidir para qué se utiliza esa electricidad, quién controla la infraestructura, quién captura la renta generada por ella, qué actividades serán priorizadas y qué beneficios permanecerán efectivamente en el territorio. Un país puede producir enormes cantidades de energía y continuar siendo dependiente. Puede exportar electricidad, minerales o alimentos y seguir perdiendo capacidad para decidir su propio destino. Puede convertirse en un nodo estratégico de la economía mundial sin que esa condición se traduzca necesariamente en mayor bienestar para su población.

Quizá la mayor debilidad del documento no sea aquello que afirma, sino aquello que nunca se pregunta. Ninguna de sus páginas parece contemplar la posibilidad de que el siglo XXI no sea una prolongación del siglo XX. Toda su argumentación descansa sobre la certeza de que el futuro seguirá demandando más energía para sostener más producción, más extracción y más crecimiento material. Pero precisamente esa certeza constituye hoy uno de los supuestos más discutidos por el análisis biofísico de las sociedades industriales. El verdadero debate sobre Corpus, entonces, no consiste únicamente en decidir si una represa puede producir electricidad. Consiste en preguntarnos si estamos construyendo una infraestructura para responder a las necesidades de una sociedad que deberá aprender a vivir dentro de límites materiales cada vez más evidentes o si, por el contrario, seguimos intentando embalsar una promesa de prosperidad concebida para un mundo cuya abundancia energética comienza a pertenecer al pasado.

Existe, sin embargo, una última cuestión que trasciende incluso al propio proyecto Corpus. Las sociedades modernas depositan una enorme confianza en la ciencia y en la ingeniería porque ambas construyeron su prestigio sobre un principio esencial: la honestidad intelectual. Una hipótesis vale mientras resiste la evidencia. Un cálculo puede ser revisado. Un modelo puede corregirse. Un ingeniero no demuestra aquello que desea que ocurra; intenta describir del modo más riguroso posible aquello que probablemente ocurrirá bajo determinadas condiciones. Precisamente por eso resulta tan delicado utilizar el lenguaje de la técnica para presentar como inevitables conclusiones que pertenecen al terreno de la política, de la economía o de una determinada filosofía del desarrollo. Una central hidroeléctrica puede calcularse con precisión. Lo que no puede calcularse mediante una ecuación es el bienestar de una sociedad. Ningún modelo hidráulico puede demostrar que una represa traerá prosperidad. Ningún balance energético puede probar que una infraestructura producirá felicidad. Esas afirmaciones pertenecen al terreno de las hipótesis históricas y de las decisiones colectivas. Convertirlas en "evidencia técnica" no fortalece a la ingeniería; por el contrario, la debilita, porque le atribuye una capacidad de demostración que simplemente no posee.

Cada vez que el prestigio de la ciencia se utiliza para revestir de objetividad aquello que en realidad constituye una elección política o un determinado modelo de desarrollo, la sociedad pierde una de sus herramientas más valiosas para comprender la realidad. La ciencia no necesita propaganda, y la ingeniería tampoco. Su autoridad nunca provino de prometer futuros inevitables, sino de reconocer con honestidad los límites del conocimiento, las incertidumbres de cada proyecto y la diferencia entre aquello que puede demostrarse y aquello que simplemente se supone. Quizá el mayor daño que documentos como éste pueden producir no sea la construcción de una represa. Quizá sea mucho más profundo. Consiste en erosionar lentamente la credibilidad de la propia ciencia al pedirle que legitime, con apariencia de objetividad, una promesa de desarrollo que jamás podrá demostrarse mediante un cálculo técnico. Cuando la ciencia deja de ser un instrumento para comprender la realidad y comienza a utilizarse para validar relatos previamente construidos, no solamente se degrada el debate público: también se degrada la propia ciencia, porque el conocimiento deja de iluminar las decisiones colectivas y pasa a convertirse en un recurso retórico al servicio de intereses que deberían discutirse abiertamente como lo que son: opciones políticas, económicas y culturales, nunca verdades científicas.