SOBRE LAS PREDICCIONES PARA AMÉRICA LATINA POR "EFECTO ORMUZ"

No escribo esto para generar alarma ni para cosechar reacciones adversas en redes sociales, sino para exponer de manera clara y documentada por qué ciertos escenarios de desabastecimiento energético, que hasta hace poco sonaban a ciencia ficción, se han vuelto técnicamente plausibles en un plazo sorprendentemente corto. Quienes me han señalado de pretender infundir miedo quizás no han tenido acceso a los informes que manejan las agencias internacionales, o tal vez confían en que la distancia geográfica y la propia inercia de la normalidad actuarán como escudos protectores. Me propongo mostrar, con datos y con fuentes verificables, que el llamado "Efecto Ormuz" tiene consecuencias globales y que América Latina, por sus vulnerabilidades estructurales, no está exceptuada del impacto sino que, en algunos aspectos, puede ser incluso más sensible a la crisis que los propios países europeos.

Comencemos por la fuente primaria de toda esta preocupación, que es la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el organismo que coordina las políticas energéticas de los países miembros y que cuenta con la mejor información disponible sobre flujos de petróleo, reservas y capacidad de refinación a nivel mundial. En su informe mensual de abril de 2026, la AIE documentó que la oferta mundial de petróleo se desplomó en 10,1 millones de barriles diarios durante el mes de marzo, hasta un total de 97 millones de barriles diarios, debido a los continuos ataques contra la infraestructura energética en Oriente Próximo y a las restricciones al tránsito de buques cisterna por el estrecho de Ormuz, lo que provocó "la mayor interrupción de la historia" según sus propias palabras. La producción de la OPEP+ cayó en 9,4 millones de barriles diarios respecto al mes anterior, una cifra tan enorme que resulta difícil de procesar: estamos hablando de que, prácticamente de la noche a la mañana, desapareció del mercado una cantidad de petróleo equivalente al consumo conjunto de Alemania, Francia y Reino Unido. En concreto, la AIE señala que el procesamiento mundial de crudo continúa enfrentándose a interrupciones en el suministro de materia prima y a daños en la infraestructura, lo que está tensando los mercados mundiales de productos refinados hasta límites nunca vistos desde la crisis del petróleo de los años setenta.

El organismo no se anduvo con rodeos al evaluar el daño potencial. El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, declaró a mediados de abril que la producción energética de Oriente Medio podría tardar alrededor de dos años en recuperar los niveles previos a la guerra, advirtiendo además que los mercados podrían estar subestimando las consecuencias de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz y que dicha interrupción elevaría los precios de la energía y agravaría las tensiones en el suministro de manera sostenida. Birol señaló que no habían llegado nuevos envíos de petróleo, gas ni combustibles refinados a los mercados asiáticos, y que estaban comenzando a aparecer déficits de suministro a medida que la interrupción se prolongaba, con especial impacto en los países más pobres cuyas monedas débiles y recursos financieros limitados los hacen más vulnerables al aumento de los costos de importación. Esta advertencia es crucial para América Latina: si bien la región no es el mercado principal del petróleo del Golfo, la competencia global por el crudo disponible y por los productos refinados, especialmente diésel y queroseno, se recrudecerá, y los países con menor capacidad de pago o con reservas internacionales debilitadas quedarán en desventaja.

La AIE también cuantificó el impacto sobre la demanda mundial de petróleo, que se contraerá en aproximadamente 80.000 barriles diarios durante 2026 como consecuencia de la "destrucción de la demanda" provocada por el conflicto. Esto representa una revisión a la baja de 730.000 barriles diarios respecto a las previsiones anteriores, y la agencia estima una contracción del consumo mundial de crudo de 800.000 barriles diarios durante el mes de marzo y de 2,3 millones de barriles diarios en abril, lo que supondría una caída prevista de 1,5 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026, la mayor desde la pandemia de Covid-19. Lo más inquietante es lo que señala el informe de la AIE recogido por la agencia EFE: si las interrupciones se prolongaran, el hundimiento de la demanda podría alcanzar los 5 millones de barriles diarios en términos interanuales entre el segundo y el cuarto trimestre. Dicho de otro modo, la economía mundial estaría ante una contracción energética inducida por la guerra que no tiene parangón en los últimos cincuenta años, y esa contracción se manifestará primero en forma de precios exorbitantes y luego en forma de racionamiento directo cuando los precios ya no puedan subir más porque la demanda esencial es inelástica.

Para entender cómo reaccionaron los gobiernos ante esta situación, tenemos el ejemplo de España, que es un país con una infraestructura energética relativamente robusta y con un compromiso claro con las reservas estratégicas. El 17 de marzo de 2026, el Consejo de Ministros español autorizó la liberación de productos petrolíferos equivalentes al consumo de 12,3 días de consumo nacional, como contribución al acuerdo alcanzado por los miembros de la AIE para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles durante 90 días, con el objetivo de moderar el impacto de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Esta liberación representó el 2,9% del total acordado por los 32 países de la AIE, y se produjo en varias fases: una primera fase inmediata con un volumen equivalente a cuatro días de consumo que debía ponerse en el mercado durante 15 días, y luego fases adicionales en función de la evolución de los acontecimientos. Es importante señalar que España mantiene reservas de productos petrolíferos equivalentes a 92 días de ventas o de consumo del año anterior, de los cuales la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) mantiene reservas para 42 días, mientras que las reservas para los restantes 50 días están en manos de la industria. ¿Qué significa esto para América Latina? Que países como España, a pesar de contar con casi tres meses de reservas, una flota de refinerías en funcionamiento y la capacidad de coordinar una respuesta de emergencia con sus socios europeos, ya han tenido que activar sus mecanismos de emergencia y liberar reservas estratégicas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuántos países latinoamericanos disponen de reservas estratégicas equivalentes a 90 días de consumo? ¿Cuántos tienen no ya 90 días, sino siquiera 30 días? ¿Cuántos tienen capacidad de refinación propia para procesar el crudo que eventualmente pudieran importar? La respuesta, con contadas excepciones como Brasil que mantiene cierto nivel de autosuficiencia, es que la mayoría de los países de la región operan con reservas mínimas, a menudo por debajo de los estándares recomendados por la AIE, y con parques de refinerías envejecidos, parcialmente paralizados o dependientes de suministros de crudo que ahora están siendo desviados hacia los mercados que pagan mejores precios.

Ahora bien, lo que generó más polémica en las redes sociales no fue este diagnóstico general, sino el cuadro que publiqué donde se asignaban plazos concretos a cada país o región: cuatro semanas para unos, ocho para otros, doce para aquellos con mayor resiliencia. La pregunta que me hicieron una y otra vez fue "¿de dónde sacaste esas semanas?". Y es justo responderla con claridad, porque sin esa explicación cualquier plazo parece sacado de una intuición o de una voluntad de asustar. La respuesta es que esos plazos no los inventé yo, sino que se derivan directamente de dos variables que los organismos internacionales miden y publican, aunque no siempre con la visibilidad que deberían tener en el debate público. La primera variable es el nivel de reservas estratégicas de diésel y gasoil de cada país, expresado en días de consumo. La segunda variable es la tasa de caída diaria de esas reservas, que a su vez depende del déficit entre lo que el país produce o importa y lo que consume. El físico Antonio Turiel, en su análisis para España, parte de un dato público de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES): España tiene reservas para 83 días y pierde 0,15 días de reserva por cada día que pasa, porque consume más de lo que logra comprar en el mercado internacional. Con esa simple regla de tres, Turiel calcula que en 13 semanas las reservas españolas caerán a 70 días, momento en el que se activarán medidas restrictivas. No hay magia ni profecía: es aritmética básica aplicada a datos públicos.

Para América Latina, por desgracia, la información es mucho más fragmentada y opaca. Muchos países no publican sus niveles de reservas estratégicas con la transparencia que exige la AIE a sus miembros, y en algunos casos ni siquiera tienen reservas declaradas. Sin embargo, existen informes del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de las propias secretarías de energía nacionales que permiten hacer estimaciones razonables. Por ejemplo, se sabe que la mayoría de los países centroamericanos y del Caribe mantienen reservas operativas para no más de 15 o 20 días, porque sus limitaciones de almacenamiento y su dependencia casi absoluta de las importaciones les impiden acumular más. Se sabe también que países como Chile, Perú, Ecuador o Uruguay tienen reservas declaradas en el rango de 20 a 30 días, aunque con frecuencia esas reservas incluyen productos que no son fácilmente intercambiables (por ejemplo, tener nafta no sirve si lo que falta es diésel). Se sabe, además, que Argentina y Brasil tienen reservas algo mayores, en el entorno de los 30 a 45 días, pero con el agravante argentino del descalce de calidad que ya analizaremos. El cálculo de los plazos que publiqué en el cuadro se hizo entonces de la siguiente manera: se tomó la estimación más alta disponible de reservas de diésel para cada país o región, se aplicó una tasa de caída diaria conservadora (similar a la de España, 0,15 días por día, aunque en países más frágiles podría ser mayor porque el déficit de importación también es mayor), y se calcularon las semanas necesarias para que las reservas cayeran por debajo de un umbral crítico de 15 días, que es el mínimo técnico para mantener la logística de alimentos y servicios esenciales sin interrupciones mayores. Ese umbral de 15 días no es arbitrario: es el estándar que usa la AIE para declarar una "emergencia de suministro" y el que utilizan los cuerpos de ingenieros militares para planificar el abastecimiento de poblaciones en crisis. Entonces, cuando digo que un país como Honduras o República Dominicana podría experimentar desabastecimiento severo en cuatro semanas, no estoy adivinando ni exagerando. Estoy diciendo: si hoy tienen reservas para 20 días, si la tasa de caída es de 0,15 días por día porque no logran reponer lo que consumen, y si el umbral crítico es de 15 días, entonces el tiempo hasta alcanzar ese umbral es de (20 - 15) / 0,15 = 33 días, aproximadamente cinco semanas. Si aplicamos tasas de caída más realistas para países sin refinerías propias (donde el déficit puede superar el 20% del consumo), la tasa de caída diaria podría ser de 0,20 o 0,25 días por día, lo que reduce el plazo a tres o cuatro semanas. Del mismo modo, cuando digo que Argentina o Brasil podrían resistir entre doce y dieciséis semanas, parto de reservas estimadas de 45 días y de un déficit menor gracias a su capacidad de refinación local, lo que arroja un plazo de (45 - 15) / 0,10 = 300 días si la tasa de caída fuera de 0,10, pero como el déficit de diésel en Argentina es estructural y se agrava en momentos de alta demanda como la cosecha, la tasa efectiva puede ser mayor, reduciendo el plazo a cuatro o cinco meses. El cuadro no es una profecía, es un modelo. Como todo modelo, se basa en supuestos que pueden variar, y la realidad siempre tiene la última palabra. Pero descartar el modelo porque no nos gustan sus conclusiones, o porque los plazos nos parecen incómodos, es tan irracional como negar el pronóstico del tiempo porque preferiríamos que no lloviera.

Quienes viven en Argentina y me han escrito para decirme que "acá no va a pasar nada porque tenemos Vaca Muerta y somos exportadores de petróleo" merecen una respuesta específica, porque ese argumento, tan repetido como engañoso, confunde tres cosas distintas que no deben confundirse: tener petróleo en el subsuelo, tenerlo extraído y disponible, y tenerlo refinado en los productos que el país realmente consume. Argentina acaba de alcanzar un récord histórico de producción y exportación de petróleo, impulsado por el shale oil de Vaca Muerta, y el sector energético generó un superávit comercial de más de 2.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, una noticia que el gobierno celebra con razón. Sin embargo, ese mismo récord de exportaciones esconde una paradoja estructural: Argentina exporta principalmente crudo liviano, el que sobra de Vaca Muerta, pero al mismo tiempo importa volúmenes significativos de diésel, porque sus refinerías fueron diseñadas hace décadas para procesar crudos pesados y no han crecido ni se han adaptado al ritmo de la nueva producción no convencional. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación y de la Cámara Argentina de Combustibles, el país importa habitualmente entre el 10% y el 15% del diésel que consume, un porcentaje que se dispara durante los meses de cosecha gruesa, entre marzo y junio, cuando la demanda agrícola alcanza su pico máximo y el campo necesita diésel para mover tractores y cosechadoras. No es cierto que Argentina importe "casi todos" los refinados: las refinerías locales cubren la mayor parte de la demanda de naftas y una porción importante del diésel, pero el margen que falta, ese 10-15%, es estructural y en una crisis global se convierte en un cuello de botella letal. La trampa argentina funciona así: en un contexto de precios internacionales altos por la guerra y el cierre de Ormuz, las empresas petroleras tienen todo el incentivo para exportar el crudo liviano de Vaca Muerta, que en el mercado internacional se paga muy bien, y desatender el abastecimiento del mercado local, donde los precios de los combustibles están regulados y atrasados por la política cambiaria. El gobierno entonces enfrenta una disyuntiva: permite que el crudo se exporte libremente, con el riesgo de que las refinerías locales se queden sin materia prima para producir diésel, o restringe las exportaciones para forzar el abastecimiento interno, con el riesgo de perder divisas y enfrentarse a las empresas petroleras. Pero incluso si el gobierno optara por prohibir las exportaciones y obligar a que todo el crudo producido se destine al mercado interno, el problema del descalce de calidad persiste: las refinerías argentinas no pueden procesar grandes volúmenes de crudo liviano sin mezclarlo con crudos más pesados, y esos crudos pesados son justamente los que tradicionalmente se importaban de países como Irán, Irak o Arabia Saudita, cuyas exportaciones están hoy bloqueadas por el estrecho de Ormuz. Argentina podría terminar entonces teniendo sus tanques llenos de un crudo que no puede refinar completamente y sus estaciones de servicio vacías de diésel, justo el combustible que más necesita para mover la cosecha, el transporte de carga y el transporte de pasajeros.

Un aspecto que conviene subrayar es que esta crisis no es especulativa ni está basada en hipótesis futuristas, sino que ya está ocurriendo y ya está siendo gestionada por las agencias internacionales. El hecho de que la AIE haya activado su sexta acción colectiva de emergencia desde su creación en 1974, liberando la mayor cantidad de reservas de su historia (400 millones de barriles), es una señal inequívoca de que los gobiernos del Norte Global consideran que la situación es extremadamente grave. Y si esos gobiernos, que tienen reservas para 90 días, están liberando reservas y preparándose para el racionamiento, ¿qué deberían hacer los gobiernos latinoamericanos que apenas tienen reservas para dos o tres semanas? No se trata de sembrar pánico, sino de constatar una asimetría estructural que agrava el riesgo regional. El director de la AIE fue claro al afirmar que la liberación de reservas solo puede aliviar los cuellos de botella a corto plazo, y que el paso más importante para estabilizar el suministro energético es la reapertura del estrecho de Ormuz, indicando que cualquier medida que contribuya a dicha reapertura sería positiva, pero advirtiendo que los mercados no deberían esperar un retorno inmediato a la normalidad incluso después de la reapertura. En otras palabras, incluso en el escenario optimista, los efectos del cierre prolongado se sentirán durante meses o años.

Por último, es importante señalar que algunos análisis recientes, como el publicado por CNN en español el 4 de mayo de 2026, indican que América Latina podría incluso verse como una oportunidad de inversión para las compañías petroleras que buscan diversificar sus operaciones fuera de Oriente Medio, señalando que la región ya concentra el 10% de la producción mundial de petróleo y que se espera una producción diaria de aproximadamente 750.000 barriles de crudo nuevos este año en Brasil, Guyana y Argentina. Esta es una noticia alentadora a mediano plazo, pero no resuelve el problema inmediato: el petróleo que se produce en América Latina no sustituye automáticamente al que se dejó de extraer en el Golfo Pérsico, porque los flujos comerciales están contratados con años de antelación, las refinerías están configuradas para procesar calidades específicas de crudo, y la logística de transporte no se reconfigura de la noche a la mañana. Mientras tanto, el informe de la AIE de abril ya advertía que las reservas mundiales de petróleo disminuyeron en marzo en 85 millones de barriles, con una reducción significativa de 205 millones de barriles de las reservas fuera del Golfo Pérsico debido al cierre del estrecho, y que las reservas de crudo en los países importadores de Asia cayeron en 31 millones de barriles, previéndose nuevas disminuciones en abril. Cuando las reservas globales se encogen a ese ritmo, ningún país está a salvo, y aquellos con menos colchón o con problemas estructurales en su matriz de refinación serán los primeros en sufrir las consecuencias. La falacia de la autosuficiencia energética argentina, basada en confundir producción de crudo con capacidad de refinación, puede revelarse en las próximas semanas con una crudeza que pocos están dispuestos a anticipar. Los plazos que publiqué en el cuadro no son dogmas, son alertas. Y si resultan ser demasiado pesimistas, bienvenido sea: no hay nada que desee más que equivocarme. Pero ignorarlos sin argumentos, solo porque generan malestar, no es una estrategia de preparación, es un acto de fe. Y en materia de energía, la fe no es una fuente confiable.