MÁS ALLÁ DE LA PROPAGANDA: HABLEMOS DE LA ARGENTINA POR VENIR

Mientras los grandes medios cierran filas detrás del relato de una bonanza minera y petrolera financiada por el RIGI, la realidad profunda del país se mueve en dirección opuesta. Vaca Muerta no es una solución energética sostenible sino un esquema geológico con fecha de vencimiento efectivo hacia 2030, cuando la declinación natural de sus pozos convierta esa "promesa de abundancia" en un pozo sin fondo de inversiones fugaces. La guerra entre Estados Unidos e Irán por el control de insumos críticos ya está estrangulando el abastecimiento de ácidos, explosivos y combustibles que la megaminería necesita para operar, demostrando que ningún régimen de incentivos puede blindar a un país contra los cuellos de botalla de un mundo en fragmentación. La deuda externa, reconocidamente ilegal, ilegítima e impagable, sigue funcionando como la correa de transmisión que condiciona cualquier intento de soberanía, y el RIGI no es más que su eslabón doméstico: un mecanismo para asegurar que las últimas gotas de recursos se drenen hacia el exterior antes del colapso definitivo. El gasoil se encarece y escasea, los fertilizantes importados dependen de rutas marítimas cada vez más inseguras, y el gas que se ofrece a 20 dólares el millón de BTU (un 400% de aumento) no es desarrollo sino sentencia de muerte para la industria nacional y los hogares que aún pueden pagar la factura. Todo esto configura una calamidad que no es producto de la mala fortuna sino de decisiones políticas muy concretas, tomadas por funcionarios que saben que no estarán en el cargo cuando el RIGI haya cumplido su ciclo de extracción y abandono.

Frente a este panorama, la discusión técnica sobre si el RIGI es constitucional o si se puede anular sin pagar costosos arbitrajes internacionales resulta secundaria. La verdadera disyuntiva es política en el sentido más profundo: ¿existe o no existe una musculatura popular organizada con capacidad de imponer un rumbo distinto? Porque sin esa musculatura, lo que viene no es un decrecimiento ordenado ni una transición planificada hacia la resiliencia. Lo que viene, en ausencia de organización territorial, es colapso puro: hambruna en los barrios populares mientras los camiones con comida se desvían hacia los puertos mineros, violencia social desatada por el racionamiento de gasoil y electricidad, y nuevos negocios floreciendo sobre los escombros de un Estado que abdicó de su función de garantizar la vida. Los mismos grupos que hoy promueven el RIGI como la última tabla de salvación son los que mañana comprarán tierras a precio de remate, impondrán peajes privados en las rutas que ya nadie repavimenta, y ofrecerán servicios básicos bajo la modalidad de "emergencia humanitaria" con tasas usurarias. El capital no tiene patria y no tendrá piedad; su única lealtad es con la tasa de ganancia, incluso si para obtenerla debe financiar ejércitos privados que custodien los yacimientos mientras a pocos kilómetros los cuerpos se acumulan por inanición.

Pero existe otro factor determinante que solemos eludir porque nos incomoda, y ese factor es la ciudad. El Área Metropolitana de Buenos Aires concentra un tercio de la población del país, y Córdoba, Rosario, Mendoza y las grandes urbes del interior suman otro tercio. Allí se tejerán los nudos que definan la correlación de fuerzas, y no podemos refugiarnos en lugares comunes como "huertas comunitarias en las plazas" o "ferias agroecológicas en los barrios", porque la complejidad de la vida urbana en crisis es mucho más brutal. En las grandes ciudades no hay tierra para cultivar, no hay pozos de agua potable, no hay leña para calefaccionarse, y las redes de parentesco y vecindad se han fracturado por décadas de individualismo, violencia y desconfianza. Cuando falte el gasoil, el transporte público colapsará y millones no podrán llegar a sus trabajos inventados (call centers, delivery, comercio informal, empleo estatal precario). Cuando el gas suba 400%, los inquilinos de una villa o de un conjunto habitado de clase media baja no podrán elegir entre comer o calefaccionarse: simplemente no podrán hacer ninguna de las dos cosas. Y cuando los fertilizantes escaseen y el precio de los alimentos se dispare, las ciudades se convertirán en territorios de caza donde el que tiene un almacén de barrio impone la ley del favor sexual a cambio de un fideo, donde las bandas organizadas controlan el agua que llega en camión cisterna, y donde el Estado ni siquiera se presenta como actor porque ya delegó todo en las fuerzas de seguridad que, a su vez, estarán colapsadas por la falta de combustible, municiones y salarios dignos. No es pesimismo: es lo que ya ocurre en las periferias de ciudades africanas y latinoamericanas donde el ajuste y el extractivismo han consumido todo resto de tejido social. La diferencia es que allá el proceso llevó décadas, y aquí se está condensando en meses.

Las dinámicas urbanas no serán un escenario de resistencia espontánea ni de heroísmo barato. Serán, ante todo, un campo de disputa feroz por recursos que escasean, y en esa disputa los sectores populares aparecen fragmentados: los que tienen un precario acceso al agua potable defenderán su caño como si fuera una propiedad privada, los que logran conseguir un bidón de gasoil lo guardarán bajo llave y no lo compartirán con el vecino, los que tienen un conocido en la distribuidora de alimentos se convertirán en pequeños señores feudales del trueque. La organización popular en la ciudad no es un estado de gracia al que se llega por iluminación, sino un trabajo minucioso de reconstrucción de lazos que el capitalismo urbano se dedicó a destruir durante generaciones. Significa volver a conocerse con el vecino del quinto piso que nunca cruzó una palabra, aprender a gestionar asambleas de consorcio para decidir colectivamente el racionamiento del agua, construir redes de cuidado mutuo que incluyan a los ancianos que viven solos y a las madres que no pueden dejar a sus hijos para ir a buscar comida. Eso no se hace con un folleto ni con un curso online; se hace puerta por puerta, en la fila del comedor, en la salida del subte cuando ya no hay subte, en la vereda cuando ya no hay luz. Y es particularmente difícil porque la ciudad educó a sus habitantes en la indiferencia como estrategia de supervivencia: mirar para otro lado, no meterse, cada uno con lo suyo. Romper esa coraza requiere un trabajo político que ninguna organización nacional está haciendo a escala, porque da pereza, da miedo, o porque simplemente no saben por dónde empezar.

Sin embargo, si fracasamos en tejer esos nudos urbanos, todo lo demás no sirve. Puede haber asambleas ejemplares en Jujuy frenando la minería, cooperativas energéticas en parajes rurales de Neuquén, y huertas agroecológicas en el Valle de Punilla; pero si el Área Metropolitana estalla en motines por la falta de comida y el ejército (lo que quede de él) termina fusilando en las estaciones de tren, ese es el cuadro final que quedará en los libros de historia: la Argentina se rompió porque sus ciudades se volvieron invivibles y nadie supo o pudo construir una alternativa antes del estallido. La otra posibilidad, la que entrevé un horizonte distinto, requiere admitir que la organización popular en la gran ciudad no será ni linda ni pacífica ni inspiradora en los próximos años. Será, ante todo, una lucha por la supervivencia cotidiana que irá forjando, a los golpes, la conciencia de que sin colectividad no hay chance. El vecino que hoy mira para otro lado puede convertirse en aliado cuando su propio hijo enferma y nadie le da una medicina porque la farmacia cerró. El puestero de la feria informal puede convertirse en el nodo de una red de trueque cuando se dé cuenta de que su mercadería no vale nada si no hay quien pueda comprarla. El pibe que la policía persigue por robar un cargador de teléfono puede convertirse en el organizador de una ronda de vigilancia barrial cuando entienda que sin seguridad comunitaria su propia familia está en riesgo. No es optimismo, es constatación de lo que ya ocurre en cada crisis urbana severa: la cooperación forzada emerge como estrategia de último recurso. La diferencia está en si esa cooperación se despliega de manera caótica y violenta (saqueos, linchamientos, barras que imponen ley de la fuga) o si encuentra canales organizativos que le den dirección política y la articulen con otras escalas de poder.

El RIGI no se tumba en el Congreso, se tumba cuando el pueblo organizado dice basta. Pero ese pueblo es también, y sobre todo, el de los cordones urbanos, porque la economía extractiva se sostiene sobre la exportación de materias primas que apenas generan trabajo local, y ese trabajo local es realizado por jóvenes que viven en el conurbano y viajan ocho horas por día hasta el puerto o hasta la mina (cuando todavía hay gasoil para el colectivo). Cuando esos jóvenes digan basta, o cuando las madres de esos jóvenes digan basta porque sus hijos no vuelven a casa por un accidente laboral evitable, o cuando los jubilados que dependen del bono universal digan basta porque el bono ya no alcanza ni para un kilo de pan, ahí se empieza a mover la aguja. No sucede por generación espontánea, sucede porque alguien estuvo antes en la fila del comedor escuchando, porque alguien convocó a una asamblea en el club del barrio que todavía tiene techos, porque alguien aprendió a mediar entre el almacenero chino que no entiende el conflicto y la vecina que lo acusa de acaparar. El trabajo urbano es microscópico, desgastante, a menudo ingrato, y sin embargo es el único que puede evitar que la ciudad termine siendo un campo de concentración a cielo abierto donde los que tienen un poco más se fortifiquen contra los que no tienen nada. No hay plan nacional que pueda suplir esa tarea. No hay influencer que pueda comunicarla. No hay académico que pueda modelizarla. Hay solo gente que decide bajar al barro, con el riesgo de ensuciarse, de equivocarse, de quemarse. Y esa decisión es, hoy, la más política de todas. Porque el colapso ya empezó, y la única manera de que no termine en una guerra de todos contra todos es que antes aparezcan los que creen que la guerra no es inevitable, que la organización tiene chances, que el apoyo mutuo no es una cursilería sino una tecnología de supervivencia. El resto es ruido mediático, eslogan de campaña, simulación de gestión. O acompañamos ese trabajo cuerpo a cuerpo en los territorios que realmente definen la correlación de fuerzas, o nos resignamos a que el RIGI no sea el problema, sino apenas la antesala de una catástrofe social que ningún análisis lúcido pudo evitar.