QUÉ ES DECRECIMIENTO -El caso Colombia-

Para entender el decrecimiento, hay que empezar por desarmar el supuesto más arraigado de nuestra época: que el crecimiento económico perpetuo es posible, deseable y necesario. Ese supuesto no es un accidente ni una ingenuidad: es el núcleo mismo del capitalismo, porque el capitalismo funciona con interés compuesto. Un capitalista que presta dinero a una tasa del cinco por ciento anual no espera recuperar su capital más un cinco por ciento: espera que ese cinco por ciento se reinvierta y genere otro cinco por ciento al año siguiente, y así sucesivamente, en una progresión geométrica que duplica el capital cada cierto número de años. El interés compuesto es la fórmula mágica del capitalismo, y esa fórmula exige crecimiento perpetuo: si la economía no crece, la deuda no se puede pagar, los intereses no se devengan, las pensiones no se financian, el sistema colapsa. Pero el crecimiento perpetuo es físicamente imposible en un planeta finito, y aquí es donde el capitalismo revela su contradicción fundamental con la realidad material. El capitalismo no es solo un sistema de intercambio o una forma de organización social: es, ante todo, una máquina de transformar energía en valor. Cada dólar, cada euro, cada peso incorpora una cantidad de energía fósil que fue quemada para producirlo, transportarlo, comercializarlo. El petróleo barato fue el combustible de la expansión capitalista del siglo XX, y cuando ese combustible comienza a agotarse, la máquina se atasca. Sin energía barata, la producción industrial se encarece, el transporte de mercancías se vuelve prohibitivo, la agricultura industrial colapsa, y el interés compuesto —que exige una expansión continua de la base sobre la cual se calcula— se enfrenta a una base que se contrae. Por eso el capitalismo no puede sobrevivir al fin de la energía barata: no porque los capitalistas sean malvados, sino porque la lógica matemática del interés compuesto choca con la lógica física de la entropía y los recursos limitados. El decrecimiento, al diagnosticar que el crecimiento perpetuo es imposible, está diagnosticando el fin del capitalismo. No como una opción política entre otras, sino como un hecho material.

El decrecimiento no es una ideología ni una propuesta política entre otras, sino un diagnóstico de algo que ocurre independientemente de nuestra voluntad. Los límites del planeta no son una opinión, y el agotamiento de los recursos no se detiene porque decidamos ignorarlo. Lo que muchos aún llaman "pronóstico" es en realidad historia: el pico de la producción de petróleo convencional —ese petróleo barato y de fácil extracción que impulsó la industrialización del siglo XX y permitió la expansión del capitalismo fordista— ocurrió en 2005. No fue una advertencia, fue un hecho. Y el pico de la producción de todos los petróleos sumados, incluyendo los no convencionales como el shale oil y los líquidos de gas natural, se alcanzó a finales de 2018. Desde entonces, a pesar de los esfuerzos titánicos de la industria —que invirtió más de 2,5 billones de dólares en mantener la producción, literalmente "el PIB de Italia vaporizado", como lo describió un analista del Centro de Política Energética Global de Columbia— la producción de crudo convencional ha caído en más de un millón de barriles diarios. El Peak Oil no es una teoría: es el suelo que pisamos, y ese suelo se está moviendo bajo los pies del capitalismo global. La evidencia es abrumadora: la producción mundial de crudo convencional se mantuvo en una meseta inestable entre 2005 y 2018, y ese estancamiento solo pudo sostenerse gracias a algunos aumentos puntuales, principalmente de Irak, mientras que el resto del mundo veía declinar sus campos maduros.

Frente a este diagnóstico, la mayoría de los países productores han optado por una respuesta desesperada: el fracking, que no es otra cosa que rascar el fondo de la olla. El petróleo de fracking es, en todos los sentidos, petróleo basura. Es caro de extraer —requiere enormes inversiones en perforación horizontal, agua a presión y productos químicos—, es de mala calidad, ligero y pobre en los destilados medios que realmente mueven la economía, especialmente el gasoil. Un barril de petróleo convencional contiene un porcentaje alto de gasoil, el combustible que hace funcionar los camiones que transportan alimentos, los barcos que mueven mercancías, la maquinaria agrícola que cosecha lo que comemos, los autobuses que llevan a la gente al trabajo. El petróleo de fracking, en cambio, es un crudo liviano del que se obtiene sobre todo nafta y gases, mientras que el gasoil escasea. Por eso, paradójicamente, países como Estados Unidos, que han multiplicado su producción de shale oil, siguen importando gasoil de otras regiones. El fracking no resuelve el problema del declive energético: lo pospone a costa de una calidad decreciente, precios más altos y una destrucción ambiental que convierte territorios enteros en zonas de sacrificio. Además, los pozos de fracking tienen tasas de declive radicalmente más altas que los convencionales: mientras un pozo convencional declina alrededor del 5% anual, un pozo de shale oil puede perder el 80% de su producción en el primer año y el 90% en dos años. Esto significa que mantener la producción requiere perforar incesantemente pozos nuevos, en una carrera de cinta de correr que consume capital, agua y territorio a un ritmo insostenible. Argentina, que ha apostado fuerte por el fracking en la formación Vaca Muerta, es un caso ejemplar de cómo esta vía no trae alivio a los pueblos. La producción de petróleo en Argentina creció un quince por ciento interanual en febrero de 2026, alcanzando los ochocientos setenta y cuatro mil barriles diarios, y el país se ha convertido en exportador neto de energía, lo que en teoría debería ser una buena noticia. Pero la realidad en los surtidores es muy distinta: el litro de nafta en Buenos Aires superó ya los dos mil pesos, llenar un tanque de cincuenta litros cuesta más de cien mil pesos, y en lo que va de 2026 los combustibles acumulan un aumento del veintidós por ciento. Cada suba del diez por ciento en los combustibles suma entre 0,38 y 0,4 puntos porcentuales a la inflación mensual, y el transporte de mercancías traslada ese costo a todos los alimentos y productos de primera necesidad. La economía argentina, que había logrado bajar la inflación a tasas mensuales del dos por ciento, la ha visto remontar al tres por ciento por efecto del petróleo. El fracking, lejos de traer alivio, ha creado un monstruo de dos cabezas: por un lado, las empresas exportadoras se embolsan las divisas de un petróleo caro, mientras que por el otro, las mayorías populares pagan nafta a precio internacional pero con salarios que no siguieron esa curva, y además sufren la escasez de gasoil que encarece aún más el transporte de alimentos.

Colombia, en cambio, ha tomado una decisión distinta, y esa decisión es lo que hace de su caso una lección para toda la región. El país ha dicho no al fracking, y lo ha hecho con una claridad política que merece ser subrayada. El presidente Gustavo Petro ha sido tajante: "Hacer fracking en La Guajira es matar a su población de sed", argumentando que el agua vale más que el oro y que el agua produce energía más barata que el gas, el carbón o el oro. Esta decisión, que ha sido criticada por los gremios y por quienes ven en el fracking una solución temporal a la caída de los ingresos fiscales, tiene una lógica profunda que trasciende el cortoplacismo electoral o empresarial: el fracking no resuelve el problema de fondo —el agotamiento de los hidrocarburos— sino que lo agrava al hipotecar el recurso más estratégico para la vida, el agua dulce, en una apuesta que, como muestra el caso argentino, termina siendo tan volátil e inequitativa como el modelo que pretendía reemplazar. Colombia ha entendido que no se puede combatir el fuego con más fuego, que no se puede salir del petróleo perforando más y más profundo, que la solución a la crisis energética no puede ser una técnica que multiplica los problemas mientras esquiva el diagnóstico central: el decrecimiento es inevitable, y cuanto antes lo aceptemos, mejor podremos planificarlo. Y los datos locales no engañan: en enero de 2026 Colombia produjo un promedio de 746.444 barriles de petróleo por día, un 3% menos que el año anterior, y muy por debajo de los 985.671 barriles diarios de hace una década. El gas natural no le va mejor: la producción cayó un 16,7% interanual, y la caída ha sido sostenida desde 2023, con los campos maduros como Cusiana, Cupiagua, Chuchupa y Ballena entrando en una fase de declive tardío acelerado. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas ha advertido que solo quedan 70 pozos exploratorios comprometidos para perforar entre 2026 y 2030, y el gobierno de Petro ha detenido la entrega de nuevos contratos de exploración desde enero de 2023, alineado con su agenda climática y sus objetivos de reducción de emisiones. El país, que alguna vez fue autosuficiente en gas, se ha vuelto importador neto, y se espera que el déficit de oferta se duplique en 2026, alcanzando unos 5,3 millones de metros cúbicos diarios. El decrecimiento, en otras palabras, no es una opción que estemos eligiendo: es el terreno que ya estamos pisando.

Pero la negativa al fracking no es, por sí sola, suficiente. El decrecimiento planificado requiere construir alternativas concretas allí donde el modelo fósil se retira, y es allí donde la agroecología emerge como un paradigma civilizatorio completo, no como una mera técnica de producción de alimentos. La agroecología es kilómetro cero, pero el kilómetro cero no es solo una cuestión de distancia física: es una reorganización radical de la vida social. Significa que lo que se consume se produce cerca, y eso implica reconstruir los lazos entre quien produce y quien consume, acortar las cadenas de intermediación, recuperar la confianza y el conocimiento directo de los territorios. Significa que las ciudades no pueden seguir creciendo como sumideros de recursos extraídos de lejanas periferias, sino que deben rediseñarse en función de sus cuencas alimentarias cercanas, de sus cinturones verdes, de sus mercados locales. Significa que el trabajo de producir alimentos vuelve a ser un trabajo digno y reconocido, y no esa forma de explotación silenciosa que es el campesinado industrializado. Significa que la energía que se ahorra al no transportar una manzana desde la Patagonia hasta Bogotá, o una fresa desde California hasta Medellín, es energía que se libera para otros usos, pero también es una forma de reducir la dependencia de un gasoil que cada vez es más caro y escaso. Y más allá de lo material, la agroecología como paradigma civilizatorio implica una relación distinta con la tierra, con el tiempo, con el conocimiento: ya no la tierra como mercancía a explotar hasta el agotamiento, sino como un bien común que se cuida para las generaciones futuras; ya no el tiempo lineal y acelerado de la producción industrial, sino el tiempo cíclico de los cultivos, de las estaciones, de los procesos biológicos que no se apuran sin destruirse; ya no el conocimiento patentado y encerrado en laboratorios de las multinacionales de semillas, sino el conocimiento compartido, abierto, que se enriquece en la práctica colectiva y se transmite de generación en generación. La agroecología es, en ese sentido, la antítesis del agronegocio: no solo porque evita los agrotóxicos, sino porque desmonta la estructura de poder que el agronegocio impone —la concentración de la tierra, la expropiación de las comunidades campesinas, la homogeneización de los paisajes, la destrucción de las economías locales— y propone en su lugar una trama de pequeños productores, mercados de proximidad, circuitos cortos, ferias campesinas, sistemas participativos de garantía, trueque y monedas sociales.

En este contexto, las comunidades energéticas en Colombia se han consolidado como una política pública nacional que materializa los principios del decrecimiento planificado desde los territorios. El artículo 235 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida" definió formalmente las Comunidades Energéticas, y el Decreto 2236 de 2023 las incorporó al ordenamiento jurídico del sector eléctrico, permitiendo que personas naturales y jurídicas participen en la cadena de valor de la electricidad a través de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. La Resolución 40509 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía reglamentó el Registro de Comunidades Energéticas y definió los criterios de focalización para la orientación de recursos públicos. Esta política no es un programa piloto ni una iniciativa aislada: es una estrategia central de la Transición Energética Justa que el gobierno colombiano ha impulsado con el objetivo de que las comunidades participen en la prestación del servicio de energía en sus territorios, a través de la autogeneración, los recursos energéticos distribuidos y la gestión de la demanda. Para octubre de 2024, ya operaban 100 comunidades energéticas en todo el territorio nacional. Los inscriptos en estas experiencias ya suman cientos de miles de personas, si se consideran las comunidades campesinas, resguardos indígenas, consejos comunitarios afrocolombianos y juntas de acción comunal que han adherido a esta propuesta, que no es solo energética sino política: se trata de democratizar la energía, de devolver a las comunidades el control sobre un recurso que durante décadas fue manejado por grandes corporaciones y gobiernos centrales sin consultar a los territorios. Las experiencias concretas muestran la potencia de este enfoque. En Mingueo, La Guajira, una comunidad con alta inseguridad energética instaló un sistema solar fotovoltaico que no solo les permite tener electricidad, sino que alimenta un taller donde transforman motores de motocicletas de gasolina a eléctricos, vinculando la transición energética con el transporte local y la generación de empleo. En el Resguardo Indígena de Tamirco, en Natagaima, Tolima, la energía solar no se usa para iluminar viviendas sino para abastecer una piscícola comunitaria, integrando en un solo proyecto la generación eléctrica, la producción de alimentos y la gobernanza del territorio. Lo más notable de estas experiencias es que han desarrollado sus propios mecanismos financieros —fondos rotatorios y fondos de ahorro gestionados por cooperativas comunitarias— demostrando que la autonomía energética es inseparable de la autonomía económica y política, y que el empoderamiento campesino no es un eslogan sino una práctica concreta. Por supuesto, enfrentan desafíos enormes: la falta de capacitación suficiente —apenas tres meses de acompañamiento, que las comunidades consideran insuficientes—, el acceso limitado a financiamiento de largo plazo, y las barreras interinstitucionales para coordinar los diferentes niveles de gobierno. Pero estos desafíos no invalidan el camino: lo confirman, y señalan hacia dónde deben orientarse los esfuerzos para escalar y profundizar la política.

Y sin embargo, al llegar hasta aquí, una pregunta se impone con toda su crudeza, porque todo lo anterior —la planificación, la agroecología como paradigma civilizatorio, las comunidades energéticas como política pública de miles de inscriptos, la desjerarquización, la reruralización— no ocurre por sí solo ni por decreto, ni siquiera por la voluntad iluminada de un gobierno progresista. Si el decrecimiento ordenado reclama indefectiblemente la participación activa, consciente y movilizada de la sociedad toda, entonces tenemos que preguntarnos sin eufemismos: ¿están los pueblos preparados para los desafíos del devenir? Porque una de las lecciones más duras que nos ha dejado el siglo de crecimiento fósil es que hemos delegado nuestra capacidad de decidir en unos pocos: en los políticos, en los técnicos, en los expertos, en los líderes carismáticos que prometían soluciones mágicas. La democracia representativa nos enseñó a votar cada cuatro años y a olvidarnos del resto. El consumismo nos enseñó a resolver cualquier malestar comprando algo. Las pantallas nos enseñaron a mirar pasivamente mientras otros actúan por nosotros. El decrecimiento, en cambio, exige exactamente lo contrario: exige democracia directa, porque las decisiones sobre qué producir, cómo distribuir, qué conservar y qué abandonar no pueden ser delegadas sin que el proceso se corrompa; exige apoyo mutuo, porque la red de cuidados y de intercambios no mercantiles es la única forma de sostener la vida cuando las cadenas globales se rompen y el gasoil escasea; exige participación activa en asambleas, en cooperativas, en mingas, en cabildos, en mercados campesinos, en sistemas de garantía participativa, porque la planificación del decrecimiento es demasiado compleja y demasiado local como para que pueda ser diseñada desde un escritorio en Bogotá, Buenos Aires o Sao Paulo. Y esto choca de frente con décadas de despolitización, de individualismo, de fragmentación social. La pregunta, entonces, no es retórica: ¿estamos dispuestos a recuperar la política como lo que es —la gestión colectiva de lo común— o seguiremos esperando a que alguien venga a salvarnos? Porque el decrecimiento no tendrá un salvador, no tendrá un gurú, no tendrá un gran líder iluminado con una solución mágica. Esa es quizás la noticia más incómoda que trae consigo el fin de la era fósil y el fin del capitalismo: la certeza de que, si algo se va a construir, tendrá que ser con nuestras propias manos, en nuestros propios territorios, con nuestras propias decisiones, asumiendo nuestros propios errores y aprendiendo de ellos. El mito del héroe que resuelve los problemas colectivos es hijo del mismo imaginario que nos vendió el auto como libertad y el consumo como felicidad: la fantasía de que podemos resolver sin involucrarnos, de que podemos pagar a alguien para que haga el trabajo sucio, de que podemos seguir durmiendo mientras otros se ocupan. El decrecimiento desenmascara esa fantasía y nos devuelve a una verdad elemental: la vida en común se construye en común, o no se construye. Los pueblos que están despertando a esta verdad —las comunidades campesinas que recuperan sus semillas y tejen mercados de kilómetro cero, las juntas de acción comunal que instalan sus propios paneles solares y ya suman cientos de miles de inscriptos en todo el país, los resguardos indígenas que defienden el agua del fracking, los movimientos populares que tejen redes de apoyo mutuo— nos muestran que la preparación no es un estado previo sino un proceso que se hace al andar. No se está preparado para el decrecimiento como quien tiene un título universitario o un plan estratégico; se está preparado en la medida en que se participa, se ensaya, se equivoca, se corrige, se organiza. La pregunta no es si los pueblos están preparados, sino si están dispuestos a empezar a prepararse hoy, aquí, en sus territorios, con lo que tienen, sin esperar a que las condiciones sean perfectas ni a que aparezca el líder redentor. Porque el devenir ya está aquí, el declive ya está en marcha, y cada día que delegamos en otros la decisión sobre nuestro futuro es un día que entregamos a la inercia del colapso desordenado. La democracia directa, el apoyo mutuo y el kilómetro cero no son recetas técnicas que se aplican desde arriba; son prácticas que se aprenden haciendo, como se aprende a sembrar sembrando, como se aprende a organizarse organizándose. Y la pregunta que queda flotando, al final de este texto, no es para los gobiernos ni para los expertos, sino para cada uno de nosotros, para cada comunidad, para cada territorio: ¿estamos dispuestos a dejar de esperar y empezar a hacer?