MÉXICO: Terremotos por un poco de gas.

No es un rumor lejano ni una especulación, sino el anuncio de una apuesta energética que ya comenzó a diseñarse. El gobierno mexicano, a través de Pemex, ha presentado un plan a diez años que contempla la extracción masiva de hidrocarburos no convencionales mediante la fractura hidráulica, con el objetivo de revertir una década de caída en la producción de petróleo y gas, y reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos. El argumento oficial es la soberanía energética, pero lo que está en juego es mucho más profundo y peligroso: la integridad del subsuelo de Veracruz y Tamaulipas, dos estados que ya forman parte del historial de fractura en el país (en Tamaulipas se han identificado al menos 100 pozos y en Veracruz 349). El anuncio del gobierno, que llega después de que la presidenta Claudia Sheinbaum hubiera prometido en campaña no recurrir a esta técnica, ha roto un compromiso explícito y ha encendido todas las alarmas entre expertos y comunidades, pues se sabe que el fracking no es una tecnología limpia ni controlable.

El corazón del problema es geológico y es ahí donde la preocupación se vuelve mucho más específica. La fractura hidráulica no solo extrae gas y petróleo atrapados en formaciones de lutita, sino que también genera temblores inducidos. No se trata de una teoría, sino de un fenómeno documentado a nivel internacional. Los sismos asociados al fracking ocurren principalmente por la reinyección de las aguas residuales del proceso en pozos profundos: al no existir tratamiento para el agua contaminada con químicos tóxicos, la práctica más común es desecharla en pozos "letrina", donde los altos volúmenes de fluido presurizado pueden desestabilizar fallas geológicas preexistentes y provocar movimientos sísmicos de magnitud considerable. Esto no es una posibilidad remota: un estudio del Servicio Geológico de Oklahoma ya vinculó el fracking con 50 microsismos en 2011, y desde la década de los sesenta se sabe que la inyección de fluidos puede generar terremotos de hasta magnitud 5.4, como ocurrió en Denver, Colorado.

Ahora bien, lo que hace particularmente grave el plan de Pemex es el contexto geológico de México, un país que se asienta sobre cinco placas tectónicas y que es inherentemente sísmico. El científico Víctor Manuel Cruz Atienza, jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, ha señalado que la inyección de desechos del fracking, junto con la extracción convencional de hidrocarburos y la minería, incide directamente en la sismicidad natural del país. No se trata de un impacto general, sino localizado: donde se perfora y se inyecta, se potencia el riesgo. En México, la superficie destinada a recursos no convencionales abarca más de 42 mil kilómetros cuadrados, y en algunas zonas esa extensión coincide con fallas geológicas activas, lo que convierte a la región de Tamaulipas y Veracruz en un auténtico polvorín geológico.

Para dimensionar el peligro, vale la pena mirar lo que ya está ocurriendo en Vaca Muerta, en la Patagonia argentina. Allí se aplica la misma técnica y el resultado ha sido una multiplicación exponencial de los sismos. Entre 2018 y junio de 2025, el Observatorio de Sismicidad Inducida registró 548 terremotos asociados directamente a las operaciones de fracking, y en lo que va de 2026 ya se superan los 600. Solo en 2025 se contabilizaron 102 temblores en la zona de Añelo. Lo más revelador es que durante la pandemia, cuando la actividad se detuvo, los sismos también cesaron, y al reanudarse las operaciones volvieron a aparecer. La inyección masiva de fluidos ha provocado desplazamientos verticales del subsuelo desde 2017 y ha generado grietas en viviendas, volcado de muebles y daños estructurales en edificaciones. Y esto ocurre en la provincia de Neuquén, una zona que, a diferencia de México, no tiene una tradición sísmica marcada. Si en una región geológicamente estable como Vaca Muerta el fracking ha inducido cientos de temblores, ¿qué no podría ocurrir en una zona naturalmente sísmica como la que abarca Tamaulipas y Veracruz?

Pero los sismos inducidos son apenas una de las múltiples amenazas. El fracking requiere un consumo brutal de agua: entre 9 y 29 millones de litros por pozo, una presión insostenible para los acuíferos de una región que ya enfrenta estrés hídrico. A esa mezcla se le añaden entre 650 y 990 sustancias químicas tóxicas, muchas de ellas vinculadas al cáncer, mutaciones genéticas y daños al sistema endocrino. La probabilidad de fugas de agua contaminada es alta (una de cada veinte), y una vez que los químicos llegan a los mantos freáticos o a los suelos, la contaminación es prácticamente irreversible. Además, el proceso libera metano a la atmósfera, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, con lo que se acelera el calentamiento global.

El argumento de la soberanía energética, tan repetido por el gobierno para justificar este giro, se desmorona por completo cuando se pone sobre la mesa la realidad física y económica de esta técnica. Los pozos de fracking no son pozos convencionales que producen durante décadas. Por el contrario, alcanzan su pico de extracción en cuestión de meses, para luego desplomarse vertiginosamente, lo que obliga a perforar miles de pozos nuevos año tras año solo para mantener el nivel de producción. El analista Ramsés Pech ha calculado que, para cubrir el consumo actual de gas en México, sería necesario perforar entre 3 mil y 3 mil 500 pozos de fractura hidráulica en una sola década. Cada uno de esos pozos cuesta entre 12 y 15 millones de dólares, lo que arroja una inversión total de entre 36 mil y 45 mil millones de dólares, una cifra que equivale al 250% del presupuesto que Pemex destina anualmente a exploración y producción. Y eso es solo para empezar, porque la vida útil de esos pozos es tan corta que la perforación tendría que ser incesante, convirtiendo la extracción de gas en una carrera de nunca acabar.

Pero el problema de fondo es aún más grave y tiene que ver con la Tasa de Retorno Energético, o EROI por sus siglas en inglés. La TRE no es un indicador financiero, sino una medida física de la eficiencia energética: la cantidad de energía que se obtiene de un pozo en comparación con la energía que se invierte para extraerla. En los campos convencionales de antaño, como los gigantes de la Sonda de Campeche, la TRE era altísima, y esa energía neta disponible era lo que realmente impulsaba la economía del país. Pero los estudios más recientes, publicados en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, advierten que México ha entrado en un proceso irreversible de retornos decrecientes, y que la TRE actual es menos de la mitad de la que se tenía en 2004. Eso significa que, aunque los pozos sigan produciendo barriles, cada vez queda menos energía neta para la sociedad, porque una parte creciente de lo que se extrae se consume en el propio proceso extractivo. Y el fracking es el exponente más extremo de esta ineficiencia: requiere taladros de alta potencia, enormes volúmenes de agua transportada a presión, químicos manufacturados, y una logística masiva que devora energía por todas partes. Lo que se obtiene al final es un gas que apenas deja excedente energético, una operación que se mantiene en un frágil equilibrio técnico pero que, desde el punto de vista termodinámico, roza la insensatez.

Si la TRE es pésima, el negocio económico tampoco cierra, y aquí es donde la falacia de la soberanía energética se revela en su totalidad. Para que el fracking sea rentable a gran escala se necesita una tecnología de punta, una capacidad de perforación masiva y un flujo de capital que Pemex simplemente no tiene. En Estados Unidos operan más de 500 equipos de perforación; Pemex apenas cuenta con unos 30. La empresa estatal está asfixiada por una deuda que supera los 105 mil millones de dólares y su producción de crudo ha caído a niveles no vistos en 45 años. En este contexto, el discurso de la autosuficiencia energética choca contra un muro de hormigón: el fracking no se puede hacer sin las multinacionales que poseen la tecnología y el capital, las mismas Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes que ya han operado en México en el pasado. Y esas empresas no van a venir a hacer caridad. Van a exigir condiciones de contrato, certidumbre jurídica y, sobre todo, una rentabilidad que, dada la baja TRE y los altos costes, solo puede venir de precios altos del gas o de exenciones fiscales generosas. Eso significa que hablar de "barril criollo" o de un Estado que recupera la soberanía sobre sus recursos es, en el mejor de los casos, un espejismo: la ganancia se la llevarán las trasnacionales, y el Estado mexicano se quedará con la carga impositiva reducida, los pasivos ambientales y una dependencia tecnológica tan grande como la dependencia comercial que dice querer romper. La soberanía que se ofrece no es más que una nueva forma de servidumbre, disfrazada de autosuficiencia.

Lo más grave de todo es que la industria del fracking en México se ha desarrollado en la más absoluta opacidad. Se sabe que Pemex ya ha abierto alrededor de mil pozos con esta técnica en varios estados, pero no existe información pública sobre los estudios de impacto ambiental, ni sobre los químicos que se inyectan, ni sobre el destino final del agua residual. Las comunidades cercanas a los pozos desconocen los riesgos a los que están expuestas y no han sido consultadas, mucho menos han otorgado su consentimiento previo, libre e informado. Mientras en países como Francia, Bulgaria o Sudáfrica el fracking está prohibido por sus irreversibles impactos, en México se ha abierto la puerta a una nueva era de extracción sin que la población tenga voz ni voto en la decisión. La noticia que compartes es el anuncio de esa apertura, pero lo que no dice es que abajo, en el subsuelo, ya empezó a temblar.