USPALLATA: LO QUE NO CONSIGUIÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA NOS LO REGALÓ DONALD TRUMP (cuando rectificar no mejora el panorama)

El texto que publicamos hace unos días partía de una premisa que hoy sabemos equivocada. Allí señalamos que el proyecto minero San Jorge, en Uspallata, Mendoza, era inviable porque dependía de ácido sulfúrico importado desde el Golfo Pérsico, un insumo cuya cadena de suministro quedó bloqueada tras el cierre del Estrecho de Ormuz. Pero la empresa, que había presentado originalmente una tecnología de lixiviación con ácido, reformuló el proyecto para sortear la Ley 7722 —la norma mendocina que desde 2007 prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y también el ácido sulfúrico en procesos mineros— y lo inscribió ante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sobre la base de un proceso de flotación por xantato. El error no invalida la tesis central, sino que la precisa: el proyecto sigue siendo inviable, pero no porque el ácido no llegue desde Ormuz, sino porque el xantato con el que pretenden operar es igual de dependiente de insumos externos, igual de vulnerable a la geopolítica energética y, según la Universidad Nacional de Cuyo, tan tóxico como el cianuro que la propia Ley 7722 prohibió. Lo que cambia es el reactivo, no la estructura de dependencia.

El xantato no es una sustancia que se extraiga ni que exista en la naturaleza; es un producto de síntesis química que se fabrica a partir de derivados directos del petróleo y del gas natural. Para fabricarlo se requieren alcoholes (como el isopropílico o el isobutílico), disulfuro de carbono y un álcali. Los alcoholes provienen de la hidratación de propileno, un subproducto del cracking del petróleo, o de procesos de hidroformilación que también parten de olefinas derivadas de hidrocarburos. El disulfuro de carbono se obtiene haciendo reaccionar azufre con metano, el componente principal del gas natural. Aquí aparece el primer punto de estrangulamiento: el azufre que alimenta la industria global proviene mayoritariamente de las refinerías del Golfo Pérsico, y para salir de allí debe atravesar el Estrecho de Ormuz. Ese estrecho, hoy, no está cerrado para todos. Lo está para los aliados de Estados Unidos. La administración Trump atacó Irán, y en la respuesta geopolítica que siguió, el gobierno de Teherán condicionó el tránsito por el estrecho a una sola moneda: los buques que transporten petróleo, gas, azufre o cualquier carga con origen o destino en la región solo pueden cruzar si la operación se liquida en yuanes. China, que ya venía construyendo su red de comercio en yuanes, mantiene sus rutas abiertas. Argentina, alineada con Washington, no tiene acceso a esa moneda ni a esa red. El azufre sigue saliendo del Golfo, pero no para los compradores que no puedan pagar en yuanes.

Esta es la primera grieta por donde se derrumba la cadena de suministro de San Jorge. Porque el xantato que la empresa necesita no se produce en Argentina. El principal productor mundial es China, que concentra cerca del 18% del mercado global de estos reactivos. China fabrica xantato con alcoholes derivados de su propia industria petroquímica y con disulfuro de carbono que elabora a partir de azufre. Y ese azufre, en gran medida, China lo importa. Los datos son contundentes: en 2025, China importó 960.840 toneladas de azufre, de las cuales el 56,2% provino del Golfo Pérsico. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Qatar, Kuwait e Irak son sus proveedores habituales. Cuando el Estrecho de Ormuz se cerró para los aliados de EE.UU., China siguió recibiendo azufre porque paga en yuanes. Pero el precio se disparó: en las semanas posteriores al ataque, el azufre en los puertos chinos trepó a 4.500 renminbi por tonelada, un aumento superior al 12%, mientras que los seguros marítimos en la zona del estrecho se incrementaron un 300%. La disponibilidad, además, se redujo: las importaciones chinas de azufre cayeron un 35% en los dos primeros meses de 2026 respecto del año anterior, y los stocks portuarios apenas alcanzan para 1,2 a 1,5 meses de demanda. China no deja de recibir azufre, pero lo recibe más caro y con mayor incertidumbre, y esa volatilidad se traslada directamente al precio del xantato que luego exporta.

Pero la fragilidad de esta cadena no es solo geopolítica; también es ambiental y sanitaria, y las propias instituciones técnicas de Mendoza ya lo advirtieron. La presentación judicial presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto con la Asociación Civil El Suri y decenas de vecinos y vecinas de la provincia, con el patrocinio letrado de Emiliano Bustos Sarmiento, impugna la Ley 9684 que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge. En esa presentación, fechada el 26 de diciembre de 2025, se detalla con precisión técnica que el proceso productivo utiliza aditivos químicos —colectores, espumantes, floculantes— que la empresa califica como sustancias no prohibidas por la Ley 7722, pero que la propia Universidad Nacional de Cuyo ha señalado como riesgosas. El dictamen técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNCuyo), incorporado al expediente, advierte que el riesgo no reside solo en los reactivos originales, sino en las sustancias nuevas —contaminantes secundarios— que pueden formarse por procesos de oxidación, hidrólisis o interacción con el agua y el oxígeno a lo largo de los años. Y allí hay un dato que vuelve irónica toda la maniobra de la empresa: cuando el xantato se degrada en el ambiente, uno de los productos de esa degradación es el disulfuro de carbono, y el disulfuro de carbono, al reaccionar con el agua y el oxígeno, genera ácido sulfúrico. Es decir, el insumo que la empresa eligió para sortear la prohibición legal termina, con el tiempo, liberando en el ambiente exactamente lo que la Ley 7722 prohibió. La prohibición de usar ácido sulfúrico en el proceso no impide que el proceso genere ácido sulfúrico como producto de la degradación de sus propios reactivos. La ley no previó esta vuelta de tuerca, pero la química sí. La Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, además, indicó que el Informe de Impacto Ambiental carece de un análisis de riesgos sanitarios serio vinculado a las sustancias declaradas, lo que significa que nadie ha evaluado cómo impactarán estos procesos de degradación en la salud de la población y los trabajadores.

La dependencia externa no termina en el xantato. La operación minera requiere además enormes cantidades de gasoil para mover los camiones que extraen y transportan el mineral, para las trituradoras, los molinos y toda la maquinaria pesada que demanda la flotación. Cada litro de combustible que consume esa maquinaria tiene una historia propia, y esa historia se escribe en las refinerías. Aunque la Argentina cuenta con la formación Vaca Muerta y produce petróleo no convencional de tipo liviano, ese crudo tiene una composición que lo hace pobre en los destilados medios —como el gasoil— que son justamente los que demanda la minería. El petróleo liviano de esquisto genera fundamentalmente naftas y gases licuados, no el combustible pesado que necesitan los camiones de alto tonelaje. Para obtener gasoil, las refinerías argentinas deben importar crudo convencional o directamente importar el producto ya refinado, y ese es el origen del combustible que alimentaría la flota de San Jorge. El resultado es que, año tras año, la Argentina importa gasoil pese a ser exportadora neta de petróleo crudo, y esa paradoja no es un accidente: es la consecuencia directa de una matriz de refinación inadecuada para la calidad del crudo que se extrae del subsuelo. Con el Brent por encima de los cien dólares y los analistas advirtiendo que incluso si la guerra terminara hoy el barril podría mantenerse en ese rango durante años, el costo energético de cualquier actividad intensiva en combustibles se dispara. Esa combinación —precio internacional del petróleo en niveles récord más dependencia estructural de importaciones de gasoil— es la que permite entender por qué la viabilidad de San Jorge, incluso con subsidios, se vuelve económicamente insostenible.

Hay un dato adicional que completa el cuadro de una inviabilidad que no es solo técnica sino también jurídica. La Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Ley 9684 es, en los hechos, una DIA condicionada. El documento de FARN y El Suri lo demuestra con abundante documentación: los dictámenes del Departamento General de Irrigación (DGI), de la CNEA, del IADIZA, de la Dirección de Patrimonio Cultural, todos coinciden en que el Informe de Impacto Ambiental presenta deficiencias sustanciales. La propia FUNCuyo señaló que la línea de base hídrica es incompleta, que los estudios sísmicos tienen quince años de antigüedad, que no se ha determinado el caudal ecológico del Arroyo El Tigre, que existe incertidumbre sobre la conectividad entre la cuenca de Yalguaraz y el sistema del río Mendoza, y que los planes de manejo de flora, fauna y patrimonio cultural son insuficientes. Sin embargo, la autoridad ambiental no exigió que esos estudios se completaran antes de autorizar. Optó por diferirlos a etapas futuras, convirtiendo en “instrucciones” lo que debían ser condiciones previas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en fallos reiterados (Majul, Mamani, Salas) que una DIA condicionada —que autoriza sin conocer los efectos— es nula porque viola los principios de prevención y precaución. La Ley 9684, por lo tanto, no es una ley válida que aprueba un proyecto con todas las garantías; es una ley que intenta convalidar un procedimiento ambiental incompleto, trasladando al futuro los estudios que debieron hacerse antes de cualquier autorización. Y en ese futuro incierto, la empresa deberá asegurar el suministro de xantato en un mercado global que ya no es el mismo.

El marco legal bajo el cual el proyecto pretende desarrollarse completa el cuadro de una operación concebida para extraer valor sin dejar beneficios estructurales. San Jorge se acoge al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que ofrece estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años, exenciones impositivas y la libre disponibilidad de las divisas generadas por las exportaciones sin obligación de liquidarlas en el mercado local. Para un proyecto que proyecta exportaciones por seiscientos millones de dólares anuales, esto significa que la totalidad de las divisas generadas por el recurso extraído del subsuelo mendocino saldrán del país sin dejar rastro en las arcas nacionales. La empresa, por su parte, habla de unos pocos miles de puestos de trabajo temporales en la etapa de construcción y algo más de dos mil en la etapa de operación, de los cuales solo ochocientos son directos. Esa es la ecuación: el cobre se va, las divisas se van, los insumos vienen de China (con yuanes que Argentina no tiene) y del petróleo importado, y lo que queda es un pasivo ambiental que la provincia arrastrará por generaciones.

La discusión, entonces, no debería girar en torno a si el proyecto cumple o no con la Ley 7722 porque reemplazó el ácido sulfúrico por xantato. Debería girar en torno a por qué seguimos discutiendo la viabilidad de un proyecto que cambia el insumo pero no resuelve la dependencia estructural, y que además queda atrapado en una reconfiguración geopolítica donde Argentina eligió un lado de la grieta. La minería por flotación fue concebida en una época de petróleo barato, de reactivos químicos accesibles, de cadenas logísticas estables y de financiamiento blando. Esa época terminó. El conflicto en Medio Oriente no es un paréntesis, es un síntoma de la reconfiguración geopolítica de los recursos. Y el xantato que viene de China, fabricado con azufre del Golfo Pérsico, es tan vulnerable como el ácido que venía del mismo lugar. La diferencia es que ahora, para acceder a ese insumo, no basta con tener dólares: hay que tener yuanes, o estar dispuesto a pagar un precio de mercado secundario que ningún estudio de factibilidad contempló. La propia Universidad Nacional de Cuyo advirtió que los riesgos del xantato no están evaluados y que la DIA es incompleta. El Departamento General de Irrigación exigió decenas de estudios que nunca se hicieron antes de la autorización. Y la Corte Suprema ya dijo que autorizar primero y estudiar después no es válido en derecho ambiental. El cobre de Uspallata, si alguna vez llega a extraerse, será el símbolo de una apuesta que ya perdió antes de empezar. Y esa apuesta, paradójicamente, no la liquidó la Ley 7722 que durante años bloqueó el proyecto, sino una guerra que cerró el Estrecho de Ormuz para los aliados de Washington, una moneda que Argentina no tiene y un mercado global del xantato que ya está mostrando sus grietas. Lo que no pudo la ley ambiental, lo hizo el mercado global y la geopolítica del yuan.