SIN AGROECOLOGIA NO HABRÁ MÁS HUMANIDAD

El caso del glifosato se ha convertido en el símbolo más emblemático de lo que significa intoxicar el planeta en nombre de la productividad, porque concentra todas las contradicciones de un modelo que prometió alimentar al mundo y hoy amenaza con envenenarlo y dejarlo sin comida. Este herbicida, desarrollado por Monsanto en los años setenta y popularizado bajo la marca Roundup, es hoy el agroquímico más utilizado en la historia de la humanidad, con un crecimiento exponencial desde la introducción de cultivos transgénicos resistentes en la década del noventa. Lo que lo hace emblemático no es solo su ubicuidad –está en el ochenta por ciento de la población estadounidense según los Centros para el Control de Enfermedades, en el aire que respiramos, en la lluvia que cae, en el agua que bebemos y en los alimentos que llegan a nuestra mesa– sino la contundencia de la evidencia científica sobre sus efectos nocivos, una evidencia sistemáticamente minimizada por una industria que financió estudios fantasmas para sembrar dudas sobre su toxicidad. Investigaciones de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET detectaron por primera vez a nivel mundial glifosato en saliva humana, confirmando que el herbicida ya forma parte de nuestros fluidos corporales. Los mecanismos de daño están perfectamente descritos: el "efecto cometa" fragmenta el ADN, genera estrés oxidante y debilita los sistemas celulares de reparación, creando el caldo de cultivo para que las mutaciones se acumulen y deriven en cáncer. Estudios epidemiológicos lo vinculan con linfoma no Hodgkin, el Instituto Ramazzini documentó en 2025 aumentos significativos de cáncer en animales expuestos a dosis consideradas "seguras", investigaciones del Kings College de Londres demostraron que provoca enfermedad hepática grasa no alcohólica en ratas –patología que aumentó un cincuenta por ciento a nivel global en las mismas décadas en que el uso de herbicidas se triplicaba según la FAO– y experimentos recientes confirman que atraviesa la barrera hematoencefálica y altera el sistema nervioso. Las formulaciones comerciales son aún más tóxicas que el glifosato solo por los coadyuvantes que las acompañan, pero las agencias regulatorias evalúan únicamente el principio activo de forma aislada.

Esta montaña de evidencia, que la Organización Mundial de la Salud consideró suficiente para clasificar al glifosato como "probable carcinógeno" en 2015, contrasta con la respuesta de corporaciones y gobiernos que priorizan las ganancias del agronegocio. El caso del estudio fantasma de Monsanto, retractado en noviembre de 2025 por Regulatory Toxicology and Pharmacology tras veinticinco años de haber sido utilizado como piedra angular para demostrar la seguridad del herbicida, es el ejemplo más escandaloso de manipulación científica: documentos internos revelaron que empleados de la empresa redactaron el artículo y pagaron a académicos para que lo firmaran, ocultando evidencia contraria. Este estudio fue citado más de seiscientas veces y sirvió de base para políticas públicas en decenas de países, mientras la industria acumulaba ganancias millonarias a costa de una intoxicación masiva que hoy se traduce en más de cien mil demandas contra Bayer, con acuerdos que superan los once mil millones de dólares en compensaciones.

Y en este punto emerge la paradoja más trágica del modelo agroindustrial: el glifosato, como todos los insumos de la Revolución Verde, es profundamente petrodependiente, y el agotamiento de los combustibles fósiles junto con la volatilidad geopolítica están haciendo que la ecuación económica no cierre más. La FAO documentó que el uso mundial de plaguicidas aumentó un treinta y seis por ciento entre 2000 y 2019, alcanzando 4,2 millones de toneladas anuales, pero ese crecimiento se construyó sobre una base energética que hoy muestra signos inequívocos de agotamiento. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita una tercera parte de los fertilizantes mundiales, disparó los precios de los insumos a niveles récord: el índice de fertilizantes en Norteamérica alcanzó los ochocientos diez dólares por tonelada, y en Nueva Orleans saltó de quinientos dieciséis a seiscientos ochenta y tres dólares en una semana. QatarEnergy detuvo la producción en la planta de urea más grande del mundo al perder su fuente de gas natural por ataques a sus instalaciones, y tres de los diez mayores exportadores de urea y amoníaco dependen de una ruta marítima que hoy es zona de guerra. Los fertilizantes representan entre el diecisiete y el treinta y tres por ciento del costo de producción, y cuando ese costo se dispara, el productor no tiene margen para absorberlo y abandona.

La consecuencia de este abandono masivo ya se manifiesta en las estadísticas globales de hambre. La FAO y el Programa Mundial de Alimentos reportan que casi 300 millones de personas sufren hambre aguda, una cifra que crece por sexto año consecutivo, y la situación se agrava en regiones como Gaza, Sudán, Haití y el Sahel donde los conflictos se combinan con degradación ambiental y dependencia de importaciones. Los mismos organismos que promovieron la Revolución Verde reconocen que la producción mundial alcanza para alimentar a once mil millones de personas, tres mil millones más que la población actual, lo que demuestra que el hambre no es problema de producción insuficiente sino de distribución desigual y de un modelo que prioriza la exportación de commodities tóxicos sobre la soberanía alimentaria. La paradoja es absoluta: mientras el agronegocio se jacta de ser el garante de la seguridad alimentaria, los suelos se degradan, el agua se contamina, los productores quiebran y la población se intoxica, todo para mantener un sistema que depende de un recurso no renovable cuyo precio solo puede aumentar.

Es aquí donde debemos actualizar los debates del siglo XXI porque el colapso inminente ya no nos permite el lujo de discutir si los alimentos tienen o no veneno, cuando la pregunta real que se cierne sobre la humanidad es si habrá o no algo para comer. Durante décadas hemos perdido energía en debates fragmentados –la toxicidad del glifosato, los límites máximos de residuos, las dosis permitidas– mientras el sistema en su conjunto se encaminaba hacia su agotamiento estructural. Hoy sabemos que el ochenta por ciento de la población tiene glifosato en su cuerpo, que el efecto cometa es una realidad biológica, que los cánceres aumentan en paralelo a las fumigaciones, pero también sabemos que los suelos están muertos, que el petróleo se acaba, que los fertilizantes cuestan lo que nadie puede pagar y que los productores abandonan sus chacras por miles. El debate sobre el veneno ha sido necesario y ha aportado evidencia irrefutable, pero pertenece a una etapa que ya estamos dejando atrás: la etapa en la que todavía podíamos elegir entre un modelo y otro, en la que aún había tiempo para regulaciones y transiciones ordenadas. El nuevo contexto, el que impone el siglo XXI con su combinación inédita de crisis energética, climática, sanitaria y alimentaria, nos enfrenta a una pregunta más radical: ¿habrá comida para ocho mil millones de personas cuando el petróleo deje de sostener este castillo de naipes? ¿Habrá algo para comer cuando los productores no puedan pagar los insumos y abandonen, cuando los suelos no respondan más a los químicos, cuando el agua contaminada ya no sirva ni para riego?

Frente a este escenario de colapso inminente, la agroecología emerge no como una alternativa romántica para puristas ni como una opción más en el menú de posibles modelos agrícolas, sino como la única respuesta técnicamente viable y económicamente sensata para quienes quieran seguir produciendo alimentos en las próximas décadas. Un estudio de cuarenta y siete años en noventa y siete parcelas suizas, realizado por el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica y el Centro Federal de Competencia Agrícola, demuestra que los sistemas orgánicos alcanzan rendimientos equivalentes al ochenta y cinco por ciento de los convencionales, pero con una reducción del noventa y dos por ciento en el uso de pesticidas y del setenta y seis por ciento en el consumo de nitrógeno mineral, lo que significa que el productor deja de gastar fortunas en insumos externos cuyo precio está sujeto a la volatilidad geopolítica. En Tanzania, un proyecto de SWISSAID confirmó que tras cinco años de transición agroecológica, los agricultores redujeron masivamente sus gastos y las explotaciones que más avanzaron resultaron tener menores costos y mayores ingresos netos, porque los beneficios que antes iban a las multinacionales ahora se quedan en manos de quien trabaja la tierra. La FAO ha reconocido explícitamente que los enfoques agroecológicos ayudan a los productores a reducir costos, aumentan sus ingresos y estabilidad económica, y al minimizar el uso de agroquímicos reducen los efectos negativos en la salud humana y ambiental. Esto significa recuperar la autonomía perdida: el productor deja de ser el eslabón débil de una cadena controlada por corporaciones, para convertirse en un gestor de su propio territorio que puede planificar a largo plazo sin estar pendiente de si estalla una guerra en Medio Oriente o si el dólar se dispara. Las técnicas que la agroecología recupera –rotación de cultivos, asociación de especies, integración agricultura-ganadería, abonos verdes, control biológico de plagas– no son ocurrencias nostálgicas sino prácticas basadas en el funcionamiento de los ecosistemas naturales, que mantienen la fertilidad del suelo, retienen agua, capturan carbono y producen alimentos sin depender de insumos externos cada vez más caros y escasos.

Para la población en su conjunto, la transición agroecológica representa la oportunidad histórica de revertir décadas de intoxicación silenciosa y garantizar que las futuras generaciones tengan algo para comer. Cada persona que hoy se preocupa por los niveles de glifosato en el pan que compra puede tener la esperanza real de que sus hijos no sigan acumulando este veneno, y que los agricultores que todavía están a tiempo de hacer la transición puedan seguir siendo agricultores en lugar de engrosar el éxodo rural que ya expulsa a cientos de miles de familias. La evidencia está toda sobre la mesa: los mecanismos biológicos del daño están descritos por la toxicología, la correlación entre fumigaciones y enfermedades está documentada por la epidemiología, la dependencia del petróleo y su agotamiento están confirmados por la geología y la geopolítica, y la viabilidad económica de la agroecología está demostrada por décadas de investigación comparativa. Quienes no hagan la transición serán barridos por un sistema que ya no puede sostenerlos, y quienes sigan intoxicando la tierra estarán hipotecando el futuro de todos. La agroecología no es una opción entre otras: es la condición de posibilidad de la humanidad en un planeta con recursos finitos, petróleo en declive y una población que necesita comer sin envenenarse, y es también la única respuesta a la pregunta más urgente de nuestro tiempo, esa que ya no admite falsos debates: la pregunta por si habrá o no algo para comer cuando el modelo industrial se desmorone por su propio peso.