SIN ENERGÍA, SIN ARGENTINA. (Lo puedes imaginar?)

La gran Meseta patagónica, en el Golfo San Jorge, allí late el corazón aún palpitante de la Argentina convencional. Aquí, en una de las cuencas petroleras maduras más importantes del país, los números empiezan a susurrar una advertencia. La producción de crudo convencional, ese que durante décadas alimentó refinerías y motorizó la maquinaria nacional, lleva años en un declive silencioso pero implacable. 

Los pozos exigen técnicas de recuperación secundaria y terciaria cada vez más costosas y sedientas de energía, mientras los nuevos descubrimientos son marginales. Este no es un colapso abrupto, sino la agonía lenta de un sistema. Imaginar un futuro en el que el gasoil, el fluido vital de esta geografía, desaparece de la noche a la mañana, no es un ejercicio de ficción, sino la extrapolación de una crisis que ya está incubándose. El costo humano no sería una estadística, sería la historia de un país que se desintegra.

El primer síntoma sería la parálisis total del sistema de abastecimiento. Argentina, con su centralización enfermiza, depende de una flota de más de 400.000 camiones que corren a diésel para que el alimento recorra miles de kilómetros desde las pampas hasta las góndolas de Buenos Aires. Sin ese combustible, el delicado mecanismo del just in time se quiebra en cuestión de horas. Los supermercados de la capital y las grandes urbes se vacían en un frenesí de pánico. La carne de feedlot, dependiente de camiones para el grano y para el ganado, deja de llegar. La leche se corta. La cadena de frío, sostenida por generadores a diésel en tránsito y en cámaras, se rompe, y toneladas de comida se pudren en las rutas o en los puertos. Lo que queda es acaparado por mafias que surgen de las sombras, vendiendo litros de combustible y latas de comida a precios que convierten el ahorro de una vida en un bien de lujo. El hambre deja de ser una metáfora para las villas y se instala en barrios de clase media que de pronto ven el vacío en la heladera como una realidad cotidiana.

Mientras las ciudades se desesperan, en el interior profundo se libra una tragedia silenciosa y aún más cruel. El aislamiento, siempre latente en la Patagonia dispersa o en los pueblos del Impenetrable, se vuelve absoluto. Sin una gota de gasoil para las camionetas 4x4 que son sus únicos lazos con el mundo, comunidades enteras quedan varadas. Las ambulancias son chatarra en las cocheras. Los generadores que daban luz y calor en las escuelas y los puestos de salud enmudecen. Las muertes llegan sin drama: el anciano con EPOC que no aguanta el frío patagónico sin calefacción; el paciente de diálisis que no puede hacer los 300 kilómetros de tierra al hospital más cercano; el niño con una infección que se vuelve septicemia por falta de antibióticos. Estos no son muertos en un conflicto, son bajas de un colapso logístico. La gente, abandonada a su suerte, regresa a una subsistencia primitiva, peleando por pozos de agua y cazando lo que queda, mientras el Estado, él mismo paralizado, se convierte en una noticia lejana y estática.

En las periferias de las grandes ciudades, el colapso se socializa en forma de violencia y descomposición. La economía informal que vive del motor a explosión—el repartidor, el remisero, el changarín con su camioneta—se desploma de golpe, dejando a miles de familias sin un peso. La basura, sin camiones recolectores, se amontona en las esquinas en cuestión de días, creando un paisaje fétido y un caldo de cultivo para epidemias. Los saqueos, inicialmente espontáneos, se organizan y tornan violentos. La represión, también desesperada, no logra contener el caos, sino que lo esparce. El conurbano y las villas, siempre al borde, se convierten en territorios ingobernables donde la ley es la del grupo mejor armado o mejor organizado para rapiñar los últimos recursos. Es el fin del contrato social más básico: la garantía de orden y abastecimiento mínimo.

La economía formal, por su parte, no se derrumba: se evapora. La cosecha, ese símbolo nacional de abundancia, se pudre en los silobolsas o en el mismo campo, porque no hay cosechadoras que funcionen ni camiones que la muevan. Las fábricas paran, no por falta de demanda, sino porque las cadenas de suministro son esqueletos inertes. Sin producción y sin exportaciones, el Estado ve desmoronarse sus finanzas, incapaz de pagar salarios o sostener ningún plan de asistencia. 

Esto desata la última fase: la fractura territorial. Las provincias productoras de alimentos, viendo impotentes cómo se malogra su producción por la falta de combustible, deciden retenerla para consumo interno. Se niegan a enviar granos o carne a Buenos Aires a cambio de papeles sin valor. El país unitario se resquebraja en un archipiélago de regiones en estado de sitio, donde los gobernadores se vuelven caudillos que administran la escasez y controlan las últimas reservas de diésel como si fueran oro. La gente, en un último acto de desesperación, abandona las metrópolis hambrientas y se lanza a caminar por las rutas, convirtiéndose en una marea de refugiados internos que golpea las puertas de pueblos que ya no tienen nada para dar.

Este es el costo humano de la escasez: no es sólo pobreza, es la regresión a una precariedad olvidada, con la densidad poblacional del siglo XXI. Es el fin de la Argentina como un proyecto común. La agonía del Golfo San Jorge no sería su causa, sino el epitafio de una era que, por no haber mirado el futuro, se desvaneció en el sufrimiento del presente.

Tenemos la responsabilidad de conducir nuestros destinos hacia el decrecimiento. Ésta catástrofe no es ciencia ficción sino geología básica.

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