MISIONES, el carbono perdido y las 26.000 familias que estorban

La ciencia acaba de poner una cifra sobre la mesa que debería sacudir a cualquier persona con un mínimo de conciencia territorial: Brasil perdió 1.400 millones de toneladas de carbono del suelo en los últimos treinta años, lo que equivale a 5.200 millones de toneladas de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera, según un estudio publicado en Nature Communications y financiado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo. Detrás de esa cifra hay un proceso que no respeta fronteras: la conversión de áreas naturales en agricultura. Y aunque el estudio se centra en Brasil, describe con exactitud lo que ocurre —y lo que está por venir— en la provincia de Misiones, parte indivisible de ese mismo bioma, la Mata Atlántica, una de las selvas más amenazadas del planeta. Porque el suelo no entiende de límites políticos, y el carbono perdido en el norte de Brasil tiene el mismo destino que el que se escurre bajo los pinos y la soja que avanzan sobre el monte misionero.

Pero hay más, y es peor. El agotamiento del petróleo barato, el famoso peak oil, ha empujado a muchas naciones a regresar al carbón como fuente de energía, y el siguiente paso en esa escalera regresiva es la leña, ahora rebautizada como "biomasa" para que suene a verde, a renovable, a sostenible. En España, el debate ya está instalado: enormes plantas de generación eléctrica queman pellets y astillas de madera, subsidiadas con dinero público bajo la etiqueta de energía limpia, mientras los grupos ecologistas denuncian que la cuenta no cierra, que un país entero quemando todos sus bosques apenas sostendría un año de consumo energético, y que los árboles no son renovables a la velocidad que exige la sed energética del Norte Global. Esa demanda no se detiene en las aduanas. La madera para quemar tiene que venir de algún lado, y Misiones, con sus millones de hectáreas plantadas de pinos, con su industria forestal ya instalada, con su suelo colorado y su clima húmedo, aparece en los mapas globales como una futura proveedora de biomasa, como la fábrica de pellets que alimentará las calderas europeas mientras aquí se vacían los montes y se acelera la transformación de lo que aún queda de selva nativa en desiertos verdes de una sola especie, homogéneos, empobrecidos, listos para la trituradora.

Sin embargo, en medio de ese cuadro que ya es sombrío, hay un elemento que resiste, que frena, que estorba los planes del agronegocio y la forestal industrial: 26.000 familias campesinas viven y producen en el territorio misionero, pequeñas unidades productivas dedicadas a la yerba mate, al té, a la mandioca, a la producción diversificada de alimentos, al cuidado del monte, a la reproducción de una forma de habitar la tierra que no se rige por la lógica del commodity ni por la urgencia del balance trimestral. Estas familias no son un dato folklórico ni un residuo del pasado: son, en los hechos, la principal barrera contra la expansión del desmonte, contra la concentración de la tierra, contra el avance de los pinos sobre el suelo que aún retiene carbono y biodiversidad. Pero para el capital concentrado, para los grandes pools de siembra que miran a Misiones como tierra disponible, para las energéticas que sueñan con contratos de provisión de biomasa a veinte años, esas 26.000 familias son exactamente eso: un estorbo. Ocupan tierra. Tienen derechos. Se organizan. No quieren vender. No quieren irse. Y si no se van por las buenas, hay formas de empujarlos.

La desregulación de la producción de yerba mate, impulsada en los últimos meses, no es una medida técnica ni un ajuste menor: es una herramienta de expulsión. En un mercado sin reglas, sin precios de referencia, sin intervención estatal que equilibre la asimetría entre el pequeño productor y el gran molino, el resultado está cantado. Los precios se derrumban, los costos se mantienen, la deuda crece, la tierra se hipoteca y finalmente se vende, o se abandona. El éxodo rural no es una fatalidad inesperada: es un objetivo. Cada familia que se va libera hectáreas que pueden ser absorbidas por el vecino grande, por la forestal, por el fondo de inversión que mira el mapa y ve solo materia prima. Y cuando el campesino se ha ido, cuando ya no hay quien defienda el monte, cuando el territorio queda limpio de habitantes incómodos, entonces sí, entonces llegan los pinos, llega la soja, llega la biomasa, y con ellos la pérdida definitiva de ese carbono que el estudio de la FAPESP mide con precisión lapidaria.

Porque lo que la ciencia demuestra es que se puede hacer de otra manera. El mismo estudio que cuantifica la catástrofe señala el camino: recarbonizar el suelo mediante técnicas como la rotación de cultivos, la siembra directa, los sistemas agroforestales, la recuperación de pastizales degradados. Técnicas que, casualmente, son las que las familias campesinas vienen aplicando desde siempre, no por conciencia climática sino por necesidad, por supervivencia, por sentido común. La yerba mate bajo sombra, el monte integrado al cultivo, la diversificación productiva, el suelo cubierto: todo eso es agricultura campesina, y todo eso es, exactamente, lo que la comunidad científica propone como solución para mitigar el cambio climático y recuperar los suelos degradados. Pero en lugar de fortalecer ese modelo, de protegerlo, de financiarlo, de convertirlo en política de Estado, se lo desregula, se lo asfixia, se lo empuja al abandono. Y mientras tanto, el carbono sigue escapándose, la selva sigue achicándose, y el éxodo sigue vaciando el territorio de quienes podrían salvarlo.

Así que la próxima vez que alguien hable de crisis climática, de metas de reducción de emisiones, de compromisos internacionales, conviene recordar esta historia. Porque los 1.400 millones de toneladas de carbono perdidas en Brasil no son un fenómeno abstracto: son el resultado de decisiones concretas sobre quién produce, cómo produce y en beneficio de quién. Y las 26.000 familias campesinas de Misiones no son un obstáculo para el desarrollo: son, en rigor, la única garantía de que el desarrollo no termine por devorar lo poco que queda. La pregunta que queda flotando, incómoda, sin respuesta oficial, es si estamos dispuestos a defenderlas o si vamos a mirar hacia otro lado mientras las empujan al éxodo para que el negocio de la biomasa, la soja y los pinos pueda, por fin, extenderse sin testigos.