El Ataque Final a los Bienes Comunes.

La autorización de la megaminería en glaciares de Mendoza no es un evento aislado. Es el eslabón final de una cadena meticulosamente forjada, donde la geopolítica del colapso se alía con una ingeniería social doméstica diseñada para despejar el camino al saqueo. Para entender la profundidad del mecanismo, debemos conectar dos hilos: la reivindicación de la Doctrina Monroe en la política exterior estadounidense y la construcción de un relato interno de culpabilización de los pobres, ejecutado para reorientar recursos públicos hacia la garantía de este saqueo final.

El informe de política exterior de Estados Unidos: "América para los Americanos... del Norte", resucita la Doctrina Monroe como marco para el siglo XXI de la escasez. En él se declara al hemisferio como "reserva estratégica" y se prioriza la velocidad de extracción sobre las "consideraciones ambientales subnacionales". Mendoza, con su agua glaciar y sus metales, es un objetivo perfecto dentro de esta lógica de "última oportunidad" frente al Peak Oil y al pico de minerales de alta ley. La Tasa de Retorno Energética (TRE) de estos proyectos es marginal (2.5:1 a 4:1), lo que los hace inviables en un mercado honesto. Su viabilidad artificial solo se sostiene con una transferencia colosal de recursos públicos.

Y aquí es donde el poder económico transnacional y sus socios locales desplegaron su jugada maestra en el tablero interno. Durante años, a través de un aparato mediático omnipresente y una campaña política persistente, se instaló con feroz eficacia un relato binario y mentiroso: la crisis argentina se debía al "derroche" de los subsidios a los servicios públicos y a los "planes sociales" que mantenían en la "vagancia" a los sectores populares. Se estigmatizó a los pobres como la causa del déficit, se los presentó como un lastre. Este relato, repetido hasta el hastío, tenía un objetivo claro: crear el consenso social necesario para un brutal ajuste fiscal que no iba dirigido a equilibrar cuentas abstractas, sino a reorientar el flujo de la riqueza pública.

Hoy el velo cae. Mientras millones de argentinos caen en la pobreza energética y alimentaria por el desmantelamiento de subsidios y el recorte de programas de sostén, el Estado muestra una eficacia y una magnanimidad sorprendentes para subsidiar a los verdaderos gigantes del derroche y la insustentabilidad: el complejo megaminero. El cálculo es cínico y claro: los subsidios a la población son un "gasto social" que debe eliminarse. Los subsidios a la megaminería —en forma de estabilidad fiscal por 30 años, regalías risibles, energía barata en dólares oficiales, y la externalización de los costos ambientales— son una "inversión estratégica". Es la materialización del informe Monroe: el Estado argentino, empobrecido y endeudado, se convierte en el brazo ejecutor que garantiza, con los recursos que le quita a su pueblo, la rentabilidad de un proyecto que beneficia a una élite global y hipoteca el futuro básico (agua, suelo) de su propia gente.

Esta es la etapa final del extractivismo en la era del colapso: ya no se contenta con explotar recursos. Necesita explotar, previamente, el tejido social y la capacidad de resistencia. Debe crear un pueblo debilitado, preocupado por llegar a fin de mes, sin aliento para defender los bienes comunes a largo plazo. La marginalidad inducida no es un efecto colateral; es una condición para el despojo sin resistencia masiva.

Frente a esta maquinaria de despojo que opera desde el pentágono geopolítico hasta el noticiero de la tarde, la lucha del pueblo de Mendoza no es una protesta ambientalista más. Es la primera trinchera de una guerra civilizatoria. Es la defensa física del agua, que es la defensa de la vida misma contra la lógica mortífera del saqueo terminal. Cada cartel en las calles de Mendoza, cada asamblea, cada corte de ruta, es un acto de legítima defensa contra un ecocidio con aval legal.

Sumarse a su lucha no es solo solidaridad. Es urgente supervivencia colectiva. Si caen los glaciares mendocinos, se sentará un precedente que abrirá las compuertas para el saqueo de todos los bienes comunes de la Patagonia al Altiplano.

De esta resistencia debe nacer un proyecto positivo. El análisis nos lleva a una conclusión ineludible: el modelo de desarrollo basado en el extractivismo, el crecimiento infinito y la dependencia energética fósil está financiera, energética y ecológicamente muerto. La única brújula viable es el decrecimiento estratégico: la planificación democrática de una reducción del metabolismo económico para vivir dentro de los límites de los ecosistemas. Esto implica:

1. Poder Local Ciudadano: Fortalecer asambleas, municipios y comunidades organizadas como instancias de veto y propuesta frente a proyectos que afecten sus territorios. La soberanía debe ejercerse desde abajo.

2. Transición Energética Justa y Local: No hacia mega-parques eólicos para exportar hidrógeno, sino hacia la autonomía energética comunitaria (solar, micro-hídrica) que reduzca la dependencia del gasoil importado.

3. Economía del Cuidado y la Regeneración: Reorientar el trabajo y la riqueza hacia la agricultura agroecológica, la restauración de ecosistemas, la minería urbana (reciclaje de metales) y los sistemas públicos de cuidado. Son sectores de alta intensidad laboral y baja huella ecológica.

4. Defensa Irrestricta de los Comunes: Declarar el agua, los glaciares, los bosques nativos y las semillas como bienes comunes inalienables, fuera del mercado.

La lucha en Mendoza es el epicentro de la elección más crucial: ser la última colonia de un imperio en decadencia, que nos deja su tierra arrasada y su deuda, o ser los primeros constructores, desde la resistencia y la comunidad, de una sociedad del buen vivir, que valore el agua más que el oro y la dignidad colectiva más que la riqueza de unos pocos. No hay neutralidad posible. O nos sumamos a la lucha donde late el futuro, o seremos cómplices silenciosos del fin de todo.